El apoyo unilateral del PSOE a la ampliación del Puerto de València, con brindis incluido del ministro de Transportes Socialista, Óscar Puente, con el presidente valenciano del PP, Carlos Mazón, y la alcaldesa también popular, María José Catalá, ha generado un clima de distancia y de desconfianza en Compromís, partido valenciano integrado en Sumar.
La coportavoz de la coalición valencianista Àgueda Micó aseguró este lunes tras la Ejecutiva de la coalición valencianista que la actitud de los socialistas condiciona, no solo su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, sino “cualquier apoyo a cualquier ley o actividad política que se haga que vaya en contra de la agenda valenciana y de la agenda social, medio ambiental y feminista” y añadió: “En todo aquello que el Gobierno dé apoyo y defienda esa agenda que nosotros representamos y que siempre hemos defendido tendrán nuestro apoyo, en todo aquello que no lo hagan nos tendrán radicalmente en contra”.
Ante el anuncio del ministro Puente sobre la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes de la ampliación norte del Puerto de València, la Comisión Ejecutiva de Compromís decidió, en primer lugar, apoyar la vía judicial comenzada por la Comissió Ciutat-Port, para paralizar el proyecto.
“Tenemos claro que esta batalla se ganará en los tribunales, puesto que se trata de un proyecto de ampliación modificado al original y que no cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA). Tenemos muy claro que si el PSOE continúa con esta ampliación, el resultado será el mismo que con el proyecto Castor, que recordemos que fue un proyecto multimillonario fallido impulsado para beneficiar a una empresa privada. Un proyecto declarado ilegal judicialmente, que fue firmado por la actual ministra de Transición Ecológica del PSOE, Teresa Ribera, y que desembocó en una tragedia ambiental y económica que todavía está pagando la ciudadanía”, dijo Micó.
“El Puerto de València no se puede permitir más problemas con la justicia. Recordamos el precedente de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que terminó siendo declarada como una obra ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o las continuas denuncias ante el Tribunal de Cuentas por la opaca forma de actuar de la Autoridad Portuaria, ofreciendo intercambios y rescates de terrenos concesionados escandalosamente ventajosos para el empresariado”.
En cuanto a la vía política, desde Compromís se impulsarán iniciativas parlamentarias en el ámbito municipal, autonómico, estatal y europeo, y se exigirá la comparecencia tanto del ministro de Transportes, Óscar Puente, como de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que expliquen en sede parlamentaria cómo es posible que se apruebe un proyecto que cuenta con una declaración de impacto ambiental caducada y con todos los informes técnicos oficiales en contra.
“Es terrible que, siempre que PP y PSOE se ponen de acuerdo, nunca es para beneficiar a las valencianas y valencianos. Nosotros no engañamos a nadie, somos fieles a nuestros compromisos adquiridos ante la ciudadanía, por eso advertimos al PSOE que si esta es la dinámica de Gobierno, auguramos muchos problemas esta legislatura”, aseveró Micó.
Además, se preguntará a la Comisión Europea la viabilidad de una ampliación que cuenta “con una DIA caducada”, que atenta contra el espíritu del Pacto Verde Europeo aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2021 que vela por la reducción de la contaminación y la protección de la salud y el medio ambiente.
“La ampliación del Puerto de València supondrá aumentar en más de 4.000 los camiones que cada día circulan en la ciudad de València y ampliar la entrada de megabuques, disparando la contaminación ambiental de forma insostenible y provocando numerosos problemas en la salud del vecindario más próximo a la fachada marítima, una realidad que va en sentido contrario de los acuerdos establecidos no solo en Europa, sino también en las últimas cumbres del clima”, aseguró el coportavoz de Compromís Alberto Ibàñez.
La portavoz de Compromís en València, Papi Robles, enfatizó la movilización social que existe en contra de una ampliación que pone en riesgo la salud de los valencianos y valencianas y de sus espacios naturales. “La ciudadanía valenciana conseguimos que el parque del Turia no fuera una autopista, que el Cabanyal o el Saler no fueran destruidos por la especulación urbanística y lo volveremos a conseguir parando este proyecto ilegal que busca solo enriquecer a una multinacional con sede en Suiza”.
“Es vergonzoso que la primera medida que ha tomado el ministro socialista de Transporte sea dar luz verde a un proyecto que costará cerca de 1.000 millones de euros y que se pagará en parte con la privatización de la Marina de València para poder sufragar la obra en beneficio de MSC”, denunció Robles.
Doñana como punto de inflexión
Compromís manifestó su preocupación por el futuro del Parque Natural de la Albufera y las playas del sur de València, muy afectadas ya por el dique de abrigo de la ampliación, tal como demuestran todos los estudios oficiales realizados.
“Para Doñana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado tarde. Hoy hemos conocido que el Parque Nacional andaluz ha sido la primera reserva ecológica expulsada de la lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por culpa de la mala gestión del Gobierno del PP. Se trata de la primera vez que se expulsa a uno de los 77 espacios naturales reconocidos en esta prestigiosa lista. No queremos que ese sea el futuro de la Albufera, espacio natural que también figura en otro prestigioso listado, el del Convenio de Ramsar, y todavía estamos a tiempo de pararlo”, ha finalizado la diputada de Compromís Paula Espinosa.