La Conselleria de Economía avanza en la resolución la prórroga de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada en 2015 y con vigencia hasta 2025 para trasladar Mestalla, solicitada por Meriton Holdings como máximo accionista del Valencia CF.
El presidente del club por designación de Peter Lim, Anil Murthy, solicitó a mediados de abril una reorganización de los plazos que en la práctica supone prolongar la vigencia del plan urbanístico hasta 2030, aunque sin aportar ninguna garantía o aval que sostuviera su aspiración.
Tras recibir la petición por escrito, el departamento que dirige el conseller Rafa Climent solicitó informes al Ayuntamiento de València y a la Conselleria de Territorio, tras los cuales concluyó que no procedía la mencionada prórroga por falta de garantías de la propiedad del club para finalizar el proyecto y que, en aras de la seguridad jurídica, se mantenía la vigencia de la ATE hasta el año 2025. Además, se establecía una sanción de 2,3 millones de euros al Valencia por incumplimiento de la primera fase del plan urbanístico.
Tras notificar esta decisión al Valencia CF, se abrió un plazo para que el club pudiera presentar sus alegaciones, algo que hizo el pasado 16 de julio. En su escrito, el máximo reponsable del club se desvincula de cualquier responsabilidad en la paralización del proyecto y se justifica en la crisis causada por la pandemia, al tiempo que asegura que como promotor ha cumplido con todas sus obligaciones y arremete con dureza contra el Ayuntamiento de València, al que acusa de “inacción” y “falta de colaboración”.
Tras conocer el contenido de este documento de alegaciones, fuentes municipales preguntadas por elDiario.es aseguraron que varias de las afirmaciones que realiza Meriton en lo relativo a la gestión urbanística y a la supuesta obstaculización de los trámites son muy matizables, incluso algunas de ellas no se ajustan a la realidad.
Ante esta situación y antes de emitir la resolución definitiva sobre la petición de prórroga, la Conselleria de Economía ha solicitado información complementaria tanto a los responsables del Valencia CF como al Ayuntamiento.
Por un lado, solicitan al club documentación adicional que sostenga varias de las afirmaciones que realizan en su escrito de alegaciones. Por otra parte, solicitan al Consistorio que aclare y corrobore algunas de las alegaciones que realiza el club.
Tanto el Valencia CF como la corporación municipal tienen un plazo de 15 días hábiles para realizar sus aportaciones durante los cuales, quedan suspendidos los plazos generales que tiene la Conselleria de Economía para emitir su veredicto definitivo con respecto a la prórroga.
La ATE en vigor establece que el nuevo estadio debe estar finalizado como muy tarde el 19 de agosto de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón.
El Valencia CF dirigió a la Conselleria de Economia su petición de prórroga. En su escrito, la entidad se comprometió a iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.
Si se anulara el plan, el Valencia CF perdería como mínimo los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario incluidos en el suelo del viajo estadio, lo que traducido a euros implicaría la pérdida de entre 15 y 25 millones.