La gestión del turismo de masas va a ser uno de los temas centrales de la legislatura por las externalidades que tiene en el día a día de las ciudades y en aspectos tan importantes como el acceso a la vivienda. Un asunto que ya ha desbordado a los responsables políticos de Baleares o Canarias y que está empezando a generar tensiones en otros territorios como Andalucía, Madrid o Catalunya, por poner algunos ejemplos en los que ya se están tomando importantes medidas para poner coto al turismo descontrolado que generan las plataformas digitales de alquiler de apartamentos turísticos.
En el caso de la Comunitat Valenciana se han acordado esta semana nuevas regulaciones sobre las viviendas de uso turístico anunciadas por el Ayuntamiento de València, que además ha advertido de que prohibirá los megacruceros en 2026, y por la Generalitat, ambas administraciones gobernadas por el PP y por Vox, aunque con los populares como responsables de turismo en ambos casos. Estas restricciones, que no dejan de ser un reconocimiento de que existe un problema, sin embargo, chocan con otras iniciativas de las que sobre todo ha hecho bandera el PP.
Así, una de las primeras medidas del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, fue la eliminación de la tasa turística, un recurso que ya se aplica en numerosas ciudades españolas y extranjeras sin que se resientan los datos de afluencia de viajeros y que era de aplicación voluntaria en cada municipio. Además, tanto Mazón como la alcaldesa de València, María José Catalá, han reivindicado de forma constante las ampliaciones de los aeropuertos del Altet en Alicante-Elche y de Manises en València, así como del Puerto de València. En este último caso, las obras ya están adjudicadas e incluirán dos nuevas terminales de cruceros, una adjudicada a Baleària y otra en trámite de concesión solicitada por MSC, una de las compañías que cuenta con los buques más grandes del mercado.
Semanas después de liderar todos estos debates, el Ayuntamiento de València, a propuesta de Catalá, aprobó el pasado martes 28 de mayo por unanimidad una moratoria de un año ampliable a un segundo año para la concesión de nuevos permisos para implantar apartamentos turísticos. El expediente que justifica la medida pone de relieve el “alarmante crecimiento” de apartamentos turísticos en València que ha alcanzado el 33% en un año. Y el impacto de este fenómeno sobre el interés general y el derecho de los vecinos a una vivienda digna se traduce en que València es la ciudad que mayor crecimiento ha sufrido en los precios del alquiler, con un 63,77% en el periodo 2010-2022 y un 44,87% entre los años 2018-2022. Unos datos que ya han abierto el debate sobre la necesidad de declarar València como ciudad tensionada para que se limiten los precios.
Dos días después, la consellera de Turismo, Nuria Montes, anunció que aprobará en las próximas semanas una norma que promete luchar contra la economía sumergida en los apartamentos turísticos y frenar la especulación. Así, prepara una ley para reforzar los servicios de inspección y establecer cambios en las licencias de los apartamentos ante la proliferación de alojamientos no reglados.
Según Montes, en la última legislatura han aumentado un 160% las plazas turísticas regladas. Son cerca de 120.000 alojamientos legales ofertados y se calcula que existe más del doble de manera irregular, atendiendo a estimaciones de las plataformas. La consellera reclama al Ministerio de Jordi Hereu que convoque a las comunidades para homologar la normativa y poder cruzar datos con las plataformas para ver la magnitud del problema.
Todas estas medidas pueden contribuir a frenar la ola especulativa que se ha generado, pero no servirán de mucho si no vienen acompañadas de otros mecanismos y si no se aborda el debate de fondo sobre la gestión del turismo de masas, menos aún teniendo en cuenta los mensajes contradictorios que se han dado en los últimos meses.
Sin ir más lejos, en Andalucía un buen puñado de alcaldes de grandes ciudades, todos del PP (Málaga, Sevilla, Córdoba) ven con buenos ojos algún gravamen a la actividad turística. El Gobierno de Juan Manuel Moreno lo descarta de momento, pero el debate está sobre la mesa. De momento se va a crear un Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local en Andalucía.
En Madrid también se ha aprobado una moratoria de apartamentos turísticos y en Baleares, donde ya existe tasa turística, está habiendo una movilización ciudadana inédita ante las externalidades de un turismo insostenible que está haciendo imposible el acceso a una vivienda. El Ayuntamiento de Palma propondrá prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos así como limitar el número de cruceros, la entrada de coches de alquiler y los grupos de visitas turísticas. Pese a posicionarse en contra de este tipo de medidas en los últimos años, el PP, que en la actualidad gobierna la capital balear, ha lanzado un paquete de iniciativas cuya senda ya dejó marcada el anterior Govern autonómico de izquierdas y que van dirigidas a la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo.