Tanto el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, como la mayoría de dirigentes del PSPV se han remitido siempre a “lo que digan los técnicos” para evitar adoptar un posicionamiento claro en torno a la polémica ampliación norte del Puerto de València, que por otro lado impulsa otro socialista nombrado por el propio Puig como es el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez.
Precisamente, para introducir un criterio técnico y objetivo en el debate, la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera de València solicitó un dictamen a la comisión científica de la entidad integrada por medio centenar de expertos procedentes de la Universitat Politècnica, la Universitat de València, la Universidad Católica, el mundo de la empresa y otros ámbitos de la investigación.
En concreto, el mencionado dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre el posible impacto que tendría la futura ampliación del Puerto de València sobre las playas situadas dentro del Parque Natural, está firmado por Josep E. Pardo (catedrático de la Politécnica), Pablo Vera (doctor en biodiversidad), José Serra (catedrático de la Politécnica), Eulàlia Sanjaume (doctora de la Universitat de València), Francesc La Roca (doctor de la Universitat de València) y Ernest García (profesor emérito de la Universitat de València).
El documento contradice de forma rotunda la principal argumentación de la Autoridad Portuaria de València (APV) cuando ha repetido por activa y por pasiva que la declaración de impacto de ambiental (DIA) de 2007 sigue siendo válida a pesar de los importantes cambios implementados en el proyecto que la obtuvo. Además, el dictamen afirma que “el puerto es la principal causa de los problemas de erosión de la restinga” y recomienda “desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.
La consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, ha puesto de relieve que “órganos científicos totalmente independientes hacen patente las repercusiones negativas sobre la Albufera, una prueba más de que esta obra no se tiene que hacer y menos con la situación de emergencia climática que ya vivimos”.
Además, se ha mostrado contundente en la necesidad de garantizar el interés público sobre el privado: “Ya está bien de jugar poniendo los intereses empresariales por encima del interés general, de la protección del territorio, de los ecosistemas y de medidas ambientales”. “Tenemos que ir más a revertir que a construir”, ha añadido.
Conclusiones del dictamen
El documento hace un recorrido cronológico sobre la evolución de las playas desde la creación del Puerto de València, obra que se inició a finales del siglo XVIII, y centrándose sobre todo en la regresión que se ha producido al sur de la infraestructura desde que se ejecutó la ampliación sur, que además supuso la destrucción de las playas de Natzaret y La Punta. Así, establece una serie de conclusiones.
En primer lugar, afirma que “el Puerto de València es la principal causa de los problemas de erosión de la restinga de la Albufera de València” ya que causa “una interrupción del flujo natural de sedimentos transportados por la corriente de deriva litoral y ha generado una fuerte regresión”. Estas circunstancias “son independientes de la modificación del muelle prevista actualmente pero continúan manifestándose, y se ven agravadas por la reducción del suministro fluvial y el ascenso del nivel marino asociado a los procesos de calentamiento global”.
En segundo lugar, pone de manifiesto que “el Puerto de València nunca ha efectuado ninguna acción para compensar o reparar estos daños”. Es imprescindible que la APV ponga en marcha actuaciones “para restablecer la conectividad litoral que alteró desde las primeras etapas constructivas, pero muy particularmente, las causadas por la ampliación de la dársena sur (1992-93)”, unas acciones que “tendrían que contar con el apoyo de la comunidad científica”. Además, “del mismo modo que la legislación considera en otros sistemas naturales, en el futuro se tendrá que tener en cuenta la posibilidad de desmantelar infraestructuras sobre la línea de costa que hayan perdido su funcionalidad”.
La tercera conclusión es que “la actuación anunciada por el Puerto de València es una ampliación interior de un muelle que no modifica el perímetro exterior del puerto actual, por lo cual, dado que el límite externo de las instalaciones portuarias no se altera, no hay que esperar ninguna modificación del transporte de arena”.
Respecto a “la dimensión y magnitud del material subacuático que se extraiga para rellenar la zona a ampliar, su impacto viene determinado por la profundidad a la que se haga; el límite crítico se tendría que establecer a los 20 metros de profundidad”. Por debajo de esta profundidad “no habría impactos sobre la dinámica sedimentaria, pero de producirse a menos profundidad, acabaría afectando al sistema de playas”. Por lo tanto, entienden los firmantes del dictamen que “los promotores de la actuación tendrían que presentar un estudio que muestre y evalúe los efectos sobre el régimen de olas de estas extracciones subacuáticas para asegurar que no se modificará sustancialmente la direccionalidad de las olas y por tanto el transporte natural de sedimentos en las playas”.
Por último, añade que la modificación del muelle norte persigue un incremento de la capacidad operativa del puerto de València y, en consecuencia, un incremento del tráfico marítimo: “Los impactos sobre la biodiversidad causados por el aumento del tráfico no han sido considerados por declaraciones de impacto anteriores. Estos impactos, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente, requieren de una rigurosa evaluación”.
Entre los impactos que menciona el informe, destaca el que hace referencia a la presencia de “posidonia oceanica, especie que conforma uno de los hábitats más importantes para la conservación del litoral en Europa, tanto por su valor ambiental como por jugar un papel fundamental en la dinámica de sedimentos”. Según el informe, “el hecho que quedan praderas relictas en el entorno sur del puerto requiere legalmente de una estricta evaluación del impacto de cualquier proyecto” y señala que “las praderas de Posidonia oceánica ya muestran una tendencia de reducción, probablemente motivada por el ascenso de la temperatura marina”.
Además, “el mayor tráfico marítimo previsible recae sobre las zonas de alimentación y descanso de aves marinas”, entre otros, “la pardela balear (Puffinus mauretanicus), catalogada en peligro de extinción a escala global, para la que el frente litoral de la Albufera ha sido definido como un espacio clave para su conservación”, así como “el charrán común (Sterna hirundo) y los charranes patinegros (Thalasseus sandvicensis), especies catalogadas como amenazadas en la Comunidad Valenciana y protegidas por la Directiva de Aves”.
El aumento del trafico de buques causará también “un aumento de la contaminación acústica, que afectará a especies de mamíferos marinos como el delfín mular o el rorcual común, y la tortuga boba, la frecuencia de aparición de los cuales se encuentra en aumento en el litoral de la Albufera y sobre las que la legislación nacional e internacional obliga a establecer medidas de conservación y evaluar impactos de los proyectos”.