El Consorcio Provincial de Bomberos de València ha estado funcionando sin gerente en plena DANA y en el proceso de reconstrucción, ya que desde el pasado mes de marzo quedó vacante la plaza. Fue entonces cuando el anterior responsable, Josep Ballester, acordó su salida con el diputado provincial y actual presidente del Consorcio, Avelino Mascarell.
Según la documentación recabada por elDiario.es, el órgano técnico de selección del Consorcio resolvió el pasado 20 de noviembre el concurso público con la adjudicación de la plaza a Marcial Díaz, exportavoz del PP en Bunyol.
La Diputación de València asegura a elDiario.es que esta situación no ha afectado al servicio del cuerpo porque “el personal interno estaba asumiendo esas funciones hasta que se concretara la designación”. Sobre el vacío en la gerencia durante ocho meses, indica que se han cumplido los plazos previstos siguiendo desde que se convocó el concurso hasta ahora que se ha resuelto.
El proceso de designación ha tenido lugar mediante principios de mérito, capacidad y pública concurrencia, y se ha basado en criterios de idoneidad profesional, según las bases consultadas por este diario. Los requisitos exigidos para presentarse al proceso fueron “ser funcionario de carrera o laboral fijo de cualquier Administración Pública, encuadrado en un Cuerpo, Escala o Categoría perteneciente al Subgrupo A1” y “ser profesional del sector privado, titulado superior y con más de cinco años de ejercicio profesional”.
En cuanto a los criterios de valoración, se tuvieron en cuenta “la experiencia en la realización de actividades profesionales desarrolladas que guardan relación directa o afín con el ejercicio de funciones directivas en la Administración Pública”, así como una “memoria y proyecto de dirección” en el que primen “la originalidad, concreción y análisis de la realidad; el planteamiento de mejoras y metodología así como el cronograma de objetivos, estrategias y líneas de actuación”. Por último se valoraron “los cursos académicos y de formación directamente relacionados con la Administración Pública o con el ejercicio de funciones directivas en la Administración Pública, así como estar en posesión titulaciones complementarias a las exigidas a la convocatoria”.
Al proceso se presentaron inicialmente tres aspirantes, uno de los cuales finalmente se retiró, quedando finalmente Ciro Ferrer y Marcial Díaz, a quien se le ha adjudicado finalmente la plaza.
Díaz, licenciado en Derecho por la Universitat de València, es actualmente subdirector general de Gestión del Institut Valencià de Cultura (IVC), cargo al que accedió en diciembre del año pasado tras ocupar el puesto de jefe de sección administrativa y régimen jurídico en la misma entidad. Anteriormente, ejerció también en la Generalitat Valenciana como director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial; tras nueve años en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva.
El presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, ha indicado que “el objetivo es que su incorporación se haga efectiva de manera inmediata, una vez finalizados los pertinentes trámites administrativos”, y ha explicado que “de esta manera podrá dirigir la elaboración del presupuesto para 2025, que será un ejercicio clave para el Consorcio, en el que además de dar solución a los bienes afectados por la DANA, como parques y vehículos, se pondrán en marcha nuevas dinámicas de trabajo, mejoras en los protocolos de gestión de emergencias, y se invertirá también en ciberseguridad y prevención de ataques informáticos, entre otros aspectos”.
Absuelto de una causa por falsedad documental
Marcial Díaz se vio envuelto años atrás en una causa judicial de la que se ha salido absuelto, según han asegurado fuentes de la Dipiutación de Valencia. En 2017, la Conselleria de Jusiticia le reclamó la devolución de 63.200 euros cobrados, según el criterio de la mencionada conselleria, de forma indebida entre los años 2008 y 2010 mientras ejerció de gerente de la Fundación Desarroya, de la que también era patrono. Desde Justicia sostenían que era incompatible que el patrono de una fundación pudiera autocontratarse.
Al mismo tiempo, la misma fundación era investigada por un juzgado valenciano por acusaciones de que había emitido facturas falsas en tres proyectos financiados con fondos de Bruselas y de la Conselleria de Agricultura.
En 2022 se abrió juicio oral en la Audiencia Provincial contra los exalcaldes de Yátova, Rafael Lisarde Cifre, y de Siete Aguas, Rafael Zahonero Ferrer, ambos del Partido Popular; y contra Marcial Díaz Garrigues, quien finalmente quedó absuelto de todos los cargos: “El caso está ya cerrado”, han afirmado fuentes provinciales.