Año 2004. El Valencia CF venía de disputar dos finales de la Champions League, de ganar dos ligas, una Europa League y la Supercopa de Europa. Todo en cuatro años. Así, fue designado mejor club del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística.
Fue el momento álgido, la época dorada más reciente de un club en el que se desató una guerra por hacerse con el control accionarial con el expresidente Paco Roig y el constructor Juan Soler como protagonistas. Paradójicamente, también fue el inicio del declive económico de la entidad.
Según explican algunos de los protagonistas consultados por elDiario.es que vivieron de cerca todo aquel proceso y que prefieren mantenerse en el anonimato, “las autoridades políticas del PP no querían de ninguna manera que Roig se hiciera de nuevo con la presidencia y así se lo hicieron saber, de forma que terminó vendiendo su paquete de acciones a Soler”.
En octubre de 2004, Soler se hace con el 70% de las acciones del club y asume la presidencia en lugar de Jaume Ortí. “La entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, quien estuvo presente en las dos finales de Champions, estaba empeñada en que la ciudad acogiera algún día una final de esta competición, la más importante del mundo del fútbol, pero faltaba lo fundamental: un estadio de cinco estrellas que cumpliera todos los requisitos”.
El nuevo presidente del Valencia CF pactó ese mismo año (2004) con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Barberá una operación urbanística con el objetivo de recalificar el viejo Mestalla para construir viviendas en su lugar. Con la venta del coliseo se financiaría la construcción de un nuevo estadio y se liquidaría gran parte de la deuda que acumulaba el club, unos 130 millones de euros en aquel momento.
“El Ayuntamiento tenía la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas, grafiada en el Plan General como suelo de servicio público deportivo, reservada para construir un estadio olímpico, puesto que la ciudad en 1991 presentó su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, cuya sede en aquella edición fue finalmente Atenas; por eso la parcela quedó sin uso hasta que se ideó la operación del nuevo Mestalla”, explican las mismas fuentes.
De hecho, recuerdan que inicialmente se suscribió un protocolo de intenciones entre el club, la Generalitat y el Ayuntamiento por el cual se mantenía la titularidad pública del suelo del nuevo estadio: “La idea era crear una sociedad mixta entre las administraciones y el club según la cual el Ayuntamiento ponía el suelo, el club financiaba las obras del estadio y estaba por ver la aportación del Consell. De esta forma, el Valencia CF disponía del recinto y de los recursos que generara, pero ambas administraciones podían utilizarlo también para los eventos que se acordara, siempre que no interfirieran en las competiciones deportivas”. Esta operación también incluía la recalificación del viejo Mestalla para poder financiar las obras del nuevo estadio, aunque con menos edificabilidad de la que finalmente se le dio al club.
Pero Soler no lo vio claro. Quería que la sociedad se hiciera con la propiedad de los terrenos públicos de la avenida de las Cortes Valencianas para tener todos los derechos sobre el nuevo estadio y no perder patrimonio, por lo que se acordó la fórmula de la permuta por la cual, el Ayuntamiento cambió su parcela valorada en 45 millones de euros por otras 33 que el club debía de ir comprando en diferentes puntos de la ciudad y por 20 millones de euros a abonar a la corporación municipal.
Barberá tampoco vio esta opción con malos ojos: el Ayuntamiento sacaba rentabilidad de unos terrenos que inicialmente iba a ceder y según el convenio firmado en 2005, se obligaba al Valencia CF a incluir una pista de atletismo en el estadio y a ceder su uso para poder albergar competiciones deportivas internacionales de primer nivel. En aquel convenio también se incluyó la obligatoriedad de construir junto al nuevo estadio un polideportivo para el barrio de Benicalap.
“Seguramente, de haberse mantenido la fórmula de la sociedad mixta el estadio ya estaría acabado; el Valencia CF se hubiera ahorrado casi 50 millones de euros, de hecho, aún le quedan 10 millones de euros a pagar de los 20 con que debía compensar al Ayuntamiento por la adquisición de la parcela”, aseguran las fuentes consultadas.
Junto a la permuta, se aprueba una recalificación urbanística muy ventajosa para el club con el objetivo de que el Valencia CF pudiera construir el ansiado estadio de cinco estrellas y sanear sus cuentas: “La edificabilidad real del viejo Mestalla era de unos 33.000 metros cuadrados, pero se planteó como una unidad de ejecución y se cogieron varias calles del entorno para aumentar los coeficientes, de forma que finalmente salieron los 75.000 metros para viviendas y otros 40.000 metros cuadrados de uso terciario”.
Así pues, pese a la oposición en aquel momento de los grupos municipales del PSPV y Esquerra Unida al considerar que el acuerdo lesionaba los intereses generales de la ciudad, el pelotazo salió adelante con la mayoría absoluta del PP.
Todo estaba dispuesto y tras un espectacular acto de presentación de la maqueta del estadio en el que no faltaron Camps y Barberá y que tuvo lugar en noviembre de 2006 en la Ciudad de las Ciencias, las obras dieron comienzo el 1 de agosto de 2007 sin que se hubieran vendido las parcelas del viejo Mestalla, pese a que por aquel entonces el propio Soler habló de ofertas de hasta 400 millones de euros.
La espera de una oferta aún mayor pasó factura con la irrupción de la crisis inmobiliaria que fue la puntilla para el pelotazo urbanístico. El 25 de febrero de 2009, año en que debía estar finalizado el estadio, las máquinas dejaron de trabajar, con Vicente Soriano como presidente del club y, desde entonces, ningún dirigente (Llorente, Amadeo Salvo y el magnate Peter Lim) ha logrado reiniciar las obras.
Y eso, pese a que en 2012 se mejoraron las condiciones urbanísticas de la operación con la introducción de suelo terciario en la parcela de Cortes Valencianas por medio de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada por la Generalitat en 2015, con el objetivo de impulsar definitivamente la consecución del proyecto.
El documento urbanístico establece que el nuevo Mestalla debe estar finalizado en mayo de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón. De no ser así, el Valencia CF podría perder gran parte de la edificabilidad aprobada, lo que complicaría enormemente su viabilidad.
El club estima actualmente en torno a 100 millones de euros el valor de las parcelas del viejo Mestalla, pero calcula que necesitaría unos 150 para finalizar el coliseo de Cortes Valencianas, en el que ya hay casi 100 millones invertidos.
Recientemente, el presidente del Valencia C. F., Anil Murthy, visitó el Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde Joan Ribó y por la vicealcaldesa Sandra Gómez.
Murthy solicitó una prórroga de la ATE cuyo último hito finaliza en 2025, momento en que deberían estar construidas las torres de viviendas en el suelo del viejo Mestalla, hasta 2030. Y lo pidió sin presentar ningún tipo de proyecto o documento que haga pensar que existe un compromiso verdadero para finalizar el coliseo de la avenida de Corts Valencianes. Una semana después del encuentro, el Ayuntamiento no ha recibido noticias del club che.
Ribó insiste en que quiere hechos y compromisos firmes antes de hablar de cualquier prórroga. El tiempo corre en contra de la entidad, aunque a su máximo accionista parece no preocuparle demasiado.