Un estudio de la terminal pública del Puerto de València considera “no viable” la ampliación y eleva su coste a 868 millones

Un informe de una de las tres terminales del Puerto de València ha puesto blanco sobre negro un carrusel de reparos por los que considera que la ampliación norte puede comprometer la viabilidad económica de la propia Autoridad Portuaria (APV), que puede suponer la pérdida de un 30% de la mano de obra y que requiere de una nueva declaración de impacto ambiental.

El documento lo ha realizado CSP Iberian Valencia, la terminal pública que desde octubre de 2017 gestionan la naviera china Cosco (51%) y la naviera francesa CMA (49%), que entró en el accionariado recientemente. Se da la circunstancia de que MSC, compañía interesada en la ampliación norte mediante su filial (TIL) y que ya cuenta con una terminal propia de menores dimensiones, también utiliza las instalaciones de Cosco para dar salida a sus tráficos, lo que le supone un importante coste económico. Con la ejecución de la terminal norte, dejaría de usar (y de pagar) la terminal de la naviera china y su actual plataforma quedaría a medio gas, puesto que toda su actividad se centraría en las nuevas instalaciones.

En este contexto, el informe de CSP Iberian Valencia es demoledor. En primer lugar, pone de relieve que “las previsiones de tráfico por parte de la APV, realizadas antes de la pandemia y que son la base que sustentaba la licitación del concurso para la construcción y explotación de la terminal norte, han quedado totalmente desfasadas por los imprevisibles cambios en el comercio mundial, resultando que la capacidad actual de las tres terminales del Puerto de Valencia, con 7,5 millones de contenedores (TEU), les permitirá atender la demanda máxima esperada en los próximos 15 años, estimada en 6,54 millones de contenedores en el año 2038”.

Además recuerda que la APV encargó un exhaustivo estudio de viabilidad para justificar este proyecto, cuya última versión es de noviembre de 2018: “A fecha de hoy, cinco años después, hay datos clave para las conclusiones del estudio que han sufrido importantes variaciones, por lo que sería muy recomendable revisar nuevamente el citado estudio de viabilidad para confirmar que la inversión pública está justificada en este nuevo escenario, ya que el valor presente neto (338 millones de euros en el estudio de viabilidad 2018) y la tasa interna de retorno (6,9% en el estudio de viabilidad del 2018) podrían estar muy comprometidos, llegando a convertir el proyecto en no viable económicamente, si se revisaran los datos en base a la realidad actual”.

Según esa realidad, “el estudio de viabilidad estimó un volumen total en el Puerto de València de 8 millones de contenedores en el año 2023, siendo la cifra estimada para este año, 4,7 millones, un 40% inferior”.

A esto se añade que “la valoración de la inversión a ejecutar por la APV en el estudio era de 386 millones de euros, sin embargo, el proyecto aprobado por el consejo de la APV en diciembre de 2022 ya era de 543 millones, cantidad que, probablemente, se incrementará hasta los 868 millones por la revisión de los precios de la construcción a la fecha estimada del comienzo de las obras, en el año 2024, es decir, un 225% más cara”.

Además, sostiene que “la cuarta terminal de contenedores no va a incrementar el tráfico del Puerto, por lo que tampoco creará más puestos de trabajo, bien al contrario, reduciría en un 30% la plantilla actual de los estibadores portuarios (1.500 trabajadores) al plantear una terminal completamente automatizada”. Por lo tanto, “el argumento de la creación de los puestos de trabajo por este proyecto quedará limitado, en todo caso, al periodo de la ejecución de la obra civil”.

Por último, destaca “la inseguridad jurídica del proyecto, que se encuentra a falta de pronunciamiento por parte del actual órgano sustantivo de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 (Puertos del Estado), con demandas interpuestas por terceros, tanto contra el Ministerio de Transición Ecológica (por el cambio de órgano sustantivo de la DIA 2007) como contra la APV (por la aprobación del proyecto constructivo), ambas pendientes de resolución judicial en estos momentos”.

Por todos estos condicionantes, la terminal pública propone en su informe “la paralización de todas las actuaciones vinculadas a este expediente a través de la declaración desierta del concurso, reiniciándose un proceso de reevaluación para realizar un nuevo Estudio de Viabilidad con los datos actualizados que pueda justificar debidamente el interés público de la inversión de la APV” y “realizar una nueva DIA para el proyecto en cuestión que disipe cualquier tipo de duda al respecto, consiguiendo así la plena seguridad jurídica que tanto debería interesar a la administración y al eventual concesionario”.