El diputado autonómico y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Miguel Domínguez ha admitido que entregó 1.000 euros al PP de Valencia para la campaña electoral de 2015 pero ha negado que posteriormente se le devolviese esa misma cantidad, es decir, el supuesto blanqueo por el que se le investiga.
El diputado autonómico, que ha abandonado las filas del PP y ha pasado al grupo de no adscritos, se ha declarado “inocente” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde ha acudido a declarar dada su condición de aforado.
En esta causa, inicialmente abierta en Instrucción 18 pero transferida al TSJCV sólo en lo relativo a Domínguez, se investiga si concejales, asesores y trabajadores del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia en la pasada legislatura hicieron una donación de mil euros para la campaña que luego, presuntamente, les habrían sido devueltos con dos billetes de quinientos euros para blanquear dinero de procedencia supuestamente ilícita. Esta investigación es la misma que también fue derivada al Supremo y por la que la exalcaldesa de Valencia acudió a declarar dos días antes de su muerte.
Se declara inocente
Al respecto, Domínguez ha asegurado: “ya dije en su momento y sigo diciendo que soy inocente, hice el ingreso, lógicamente, pero en ningún momento se me devolvió ningún dinero, ya lo he dicho por activa y por pasiva. Eso es lo que hay”.
Domínguez rehusó en su momento la invitación para declarar en el juzgado de Instrucción 18, pero presentó un escrito en el que ya reconocía la aportación de mil euros pero negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña.
El TSJCV investiga a Domínguez sólo por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.
Otras declaraciones
Antes que Domínguez han declarado varios testigos, entre ellos la exconcejal de Cultura María José Alcón y Maria del Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal.
El abogado de García-Fuster, José María Corbin, se ha mostrado convencido de que todo se “aclarará”. “Llevamos un año confiando en que se aclare, pero al final se aclarará, el tiempo juega a nuestro favor, ¿cómo va a ser de otra manera? Al final se aclarará todo”, ha insistido.
Esta es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga, entre otros asuntos, el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación (a través de Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).