Ya no hay excusas. El Valencia CF mostrará en los próximos días si realmente tiene intención de dar cumplimiento a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y por tanto de cumplir sus compromisos en cuanto a la ejecución del polideportivo de Benicalap, finalización de las obras del nuevo estadio y demolición y urbanización del viejo Mestalla.
La asamblea general de La Liga dio este jueves el visto bueno a la venta del 11% de los derechos televisivos en los próximos 40 años al fondo CVC por un importe de 2.700 millones de euros a repartir entre los clubes, lo que reporta a la entidad de Mestalla una inyección económica de 120 millones, de los cuales debe dedicar un 70% a mejora de infraestructuras e innovación.
El club ha utilizado hasta ahora todo tipo de excusas para eludir su responsabilidad en el retraso de la ejecución de la ATE, el plan urbanístico por el cual se le otorgó una ventajosa recalificación para que finalizara toda la operación inmobiliaria, y del que prácticamente no se han producido avances desde que se firmó en el año 2015.
Precisamente, en las alegaciones que remitió recientemente a la Conselleria de Economía insistió en la necesidad de prorrogar los plazos de la ATE, cuya paralización atribuyó a la crisis destadad por la pandemia y, de forma sorprendente, a la falta de colaboración del Ayuntamiento, algo que la propia corporación desmitió días después rotundamente.
En el aspecto económico, el Valencia CF afirmó textualmente antes de que se conociera la posible inyección económica de La Liga que resultaba “imposible poder presentar un proyecto económico sostenible financieramente para el Club que permita acometer las actuaciones previstas en la ATE en los plazos inicialmente contemplados en la misma, debido a la absoluta imposibilidad de obtener financiación bancaria necesaria para la construcción del Nuevo Estadio a raíz del contexto económico actual”.
El acuerdo alcanzado este jueves en la asamblea de la competición deportiva tira por tierra este argumento puesto que ahora el club dispondrá, no solo del 70% de los 120 millones procedentes del fondo CVC con los que podría reiniciar los trabajos, sino de los ingresos que le proporcionaría la venta del viejo Mestalla.
La Conselleria de Economía está inmersa en un procedimiento administrativo para determinar si procede prorrogar los plazos de la ATE tal y como solicitó el club a mediados de abril. Tras recabar informes del Ayuntamiento y de la Conselleria de Política Territorial, resolvió que no procedía la prórroga por falta de garantías económicas que avalaran el nuevo calendario propuesto por el club, según el cual se compromete a iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.
Esta resolución se remitió al Valencia CF para que presentara las mencionadas alegaciones, tras las que la Conselleria de Economía solicitó el pasado 2 de agosto informes adicionales en un plazo de 15 días tanto al propio club y al Ayuntamiento como parte aludida.
La entidad de la que el magnate de Singapur, Peter Lim, es propietario de la mayoría accionarial, tiene así la oportunidad de presentar el acuerdo de La Liga con CVC como garantía económica para reiniciar los trabajos del nuevo estadio, lo que como mínimo le garantizaría la vigencia de la ATE e incluso una eventual prórroga si llegado el momento de su caducidad en el año 2025 las obras estuvieran en marcha. De lo contrario, sería casi imposible de justificar que no se anulara, incluso en un supuesto proceso judicial, ya que el club no podría alegar causas de fuerza mayor moivadas por la pandemia.
Desde el Ayuntamiento de València ya se lanzó un mensaje en este sentido cuando se conoció la posible inyección económica: “Esperamos que estos ingresos extraordinarios sirvan para que el club asuma los compromisos pendientes con la ciudad y avance de una forma decidida en el cumplimiento de los mismos”, afirmaron fuentes municipales a elDiario.es.