De las denuncias en los juzgados del denunciante compulsivo, el asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, a los escritos a la Agencia Antifraude como elemento de desgaste del equipo de Gobierno municipal que conforman Compromís y el PSPV. Esta es la estrategia que viene llevando a cabo la oposición, también Ciudadanos, aunque en menor medida, de momento con muy poco éxito, puesto que ninguna de las denuncias, ya sea en los juzgados o en la Agencia, ha prosperado hasta ahora.
En el apartado judicial, además, la frenética actividad de Salom, con una quincena de denuncias interpuestas desde 2015, ha supuesto un coste hasta ahora para las arcas municipales de al menos 14.100 euros en concepto de abogados de los concejales de Compromís o PSPV demandados.
Tras el nulo recorrido de estos procedimientos, que además acaban suponiendo un gasto para las arcas públicas, las denuncias se han trasladado ahora a la Agencia Antifraude, con idéntico resultado hasta ahora. Ninguna ha terminado en la Fiscalía, el último paso que da el organismo si detecta situaciones irregulares.
En concreto, según han informado a elDiario.es fuentes municipales, desde 2017 la oposición ha presentado nada menos que 78 denuncias, de las que 68 están archivadas o en vías de archivo, es decir, el 85% de las presentadas. El resto se encuentran aún en tramitación, es decir, en intercambio de documentación entre la Agencia y el Ayuntamiento.
Así, 34 de los escritos han sido ya archivados de manera oficial y definitiva. Los casos más recientes son las denuncias sobre el concierto de Nicky Jam en La Marina, los contratos menores de la Cabalgata de Reyes de 2020, la adjudicación de una plaza de letrado municipal, el contrato de Els 40 València o una subvención a Escola Valenciana. También se han archivado denuncias por ayudas a ONG, contrataciones de emergencia por la COVID-19, denuncias por el estacionamiento de la ORA y contrataciones publicitarias o de personal.
Otras 32 están a falta de comunicación oficial de archivo. Es decir, el Ayuntamiento ya ha sido requerido por la Agencia Antifraude y, en el caso de que no se pida más documentación, se entiende que está el caso cerrado a falta de comunicación oficial.
Una denuncia sobre el uso de remanentes en la ciudad ha sido declarada como inadmitida por la Agencia Antifraude al entender que no era competente el caso.
Así pues, tan solo 10 están ahora mismo en trámite, es decir, los servicios municipales están recabando la información solicitada por Antifraude. Casos como la retirada de vehículos del depósito de la grúa, el contrato de asistencia para el mantenimiento de Fundación Deportiva Municipal, el BonicaFest, Fundación Activa València o convenio Visit València.
La última denuncia archivada
La última denuncia archivada oficialmente se notificó este jueves al Ayuntamiento y era relativa a supuestos pagos irregulares en el ámbito de las redes sociales de bibliotecas y teatros municipales.
También se acabó archivando tras recurrir el Ayuntamiento la relativa al cobro de complementos de ocho concejales con dedicación parcial. En este caso, se aceptaron parcialmente dos recomendaciones relativas a la emisión de informes jurídicos de la secretaria y sobre la fijación de antemano de las responsabilidades de los cargos.
“Somos un gobierno comprometido con la transparencia y estamos encantados de que nos fiscalice la oposición. Pero entendemos que para el buen ejercicio de la instituciones no se puede acribillar a una administración con denuncias sin fundamento que el único objetivo que tienen es entorpecer y retrasar el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Además del importante coste que tiene para las arcas públicas, ya que los funcionarios invierten muchas horas en revisar los expedientes”, han afirmado desde el equipo de Gobierno.
Las mismas fuentes han añadido que “la estrategia de la oposición utilizando la Agencia Antifraude como altavoz mediático está fracasando, sus denuncias son puro marketing político y un arma de desgaste al gobierno”.
Según han comentado, “este Gobierno realiza todos los procedimientos de acuerdo a la ley, está todo muy fiscalizado y por lo tanto las acusaciones son totalmente gratuitas, Antifraude nos da la razón una y otra vez”. En todo caso, “este gobierno atiende cada una de las recomendaciones de Antifraude cuando las hay, es decir, las implementa en pro de una mayor transparencia”.