Un fondo buitre aprovecha la ausencia de una mujer de 82 años para vaciar su piso de Cullera y cambiar las cerraduras

“Fue una sensación muy desagradable por mi madre, porque era algo que no nos esperábamos, nos quedamos desconcertados y bloqueados al volver a casa y ver que estaban las cerraduras cambiadas y no podíamos acceder. Era una impotencia grandísima porque no sabíamos lo que estaba pasando. Mi madre está deshecha por todas las cosas que ha perdido, no por el valor económico, sino por el sentimental, porque son los recuerdos de toda una vida”. V. F. explica así la experiencia que le ha tocado vivir junto a su madre C. M., una mujer viuda de 82 años que ha sido víctima del acoso inmobiliario de un fondo buitre, en concreto, Global Pantelaria. El caso está judicializado gracias a la ayuda económica y legal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València y de la cooperativa de mediación El Rogle, cuya abogada Adelina Cabrera lleva el asunto.

Según explica, “en 2013 el Banco de Santander le notifica a C. M. el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria porque no podía seguir haciendo frente al pago de las letras”. La afectada, sin embargo, recurre el procedimiento alegando cláusulas abusivas y el juez paraliza el proceso, según explican miembros de la PAH.

“En las Navidades de 2019, un año después de faltar su marido, C. M. se va a pasar las fiestas con su hijo, con quien pasa también el confinamiento de la pandemia y fue cuando se relajaron las medidas y pudo volver a su casa cuando encontró la cerradura cambiada y ya no pudo acceder al que había sido su hogar durante 50 años porque un fondo buitre que se había quedado con su vivienda, hasta ese momento del Banco de Santander, instó el desahucio sin orden judicial”, explica Cabrera.

Por suerte, en ese momento estaba acompañada de su hijo, quien relata los momentos de nervios y desasosiego: “No sabíamos a quién recurrir, fuimos en un primer momento a la Guardia Civil, que a su vez nos dijo que fuéramos al juzgado, donde tampoco nos dieron mucha respuesta. Nos recomendaron que contactáramos con la PAH y fue a partir de ahí cuando empezamos a averiguar lo que había sucedido”.

Global Pantelaria, registrada en 2018, y relacionada con el 'fondo buitre' norteamericano Cerberus, adquirió 35.000 viviendas ese mismo año del Banco Santander por 1.535 millones de euros. Entre ellas, la de C. M., inmersa en el mencionado proceso de ejecución hipotecaria.

Cabrera comenta que Haya Real Estate es una de las sociedades que gestiona los activos de Global Pantelaria aunque no está claro qué entidad da la orden del cambio de cerraduras y el vaciado de la vivienda: “Esta sociedad encarga un informe de ocupación a otra empresa la cual envía a un empleado a casa de C. M. los días 23 de diciembre, 28 de diciembre y 30 de diciembre de 2019, días que es bastante habitual viajar para reunirse con la familia. Al no encontrarse esos días en la vivienda, concluyen que la vivienda está deshabitada lo que para ellos es suficiente, a pesar de que no hay orden de desahucio en el juzgado”.

Una vez realizadas estas comprobaciones, Cabrera presentó denuncia en el juzgado contra el fondo buitre y el resto de empresas implicadas al considerar que se pueden dar los delitos de realización arbitraria del propio derecho (actuar fuera de las vías legales), allanamiento de morada, coacciones o mobbing inmobiliario, daños y apropiación indebida.

Una abogada investigada

Según explica, “de momento tan solo hay una abogada investigada en representación de Haya Real Estate y pese a que pedimos al juzgado que llamara a declarar a más personas relacionadas con el fondo y con el resto de empresas que intervienen, lo descarta y dicta auto de procedimiento abreviado por el que pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien y que presenten escritos de acusación”.

Por este motivo, la abogada de El Rogle ha recurrido el auto al considerar que la instrucción es insuficiente ya que no tiene en cuenta la complejidad del responsable del posible delito: “En este proceso interviene el fondo Global Pantelaria, Haya, la empresa que realiza el informe de ocupación y la que vacía el piso”, explica.

Desde la PAH de València denuncian que “no se pueden tolerar injusticias como esta, si no llega a ser por su hijo C. M. se hubiera quedado en la calle” e insisten en que “este es el modo habitual de proceder de los diferentes fondos buitre que han adquirido activos de los bancos, acosan y expulsan a la gente de sus casas a sabiendas de que los afectados no tienen ni los recursos ni los conocimientos para recurrir en los juzgados”.

Por este motivo reclaman “un plan de choque para evitar estas prácticas, la nueva Ley de Vivienda del Gobierno debe proteger a los ciudadanos y perseguir estas prácticas mafiosas en la línea de lo que hace el nuevo decreto aprobado por la Generalitat contra el acoso inmobiliario”. Además, anuncian varias acciones inmediatas a pie de calle para difundir el caso de C. M. y un crowdfunding para recaudaren torno a 5.000 euros para cubrir los gastos del proceso judicial.