El 17 de mayo de 2014 pasará a la historia como uno de los días en los que se certificó uno de los mayores fracasos colectivos de la sociedad valenciana. En realidad uno más. En los dos años previos se certificó la defunción de gran parte del sistema financiero autonómico con la desaparición de la CAM y el Banco de Valencia, unos pasos que seguirían primero Bancaja y después Bankia.
Este martes se cumplen 8 años desde aquel 17 de mayo, cuando se acordó en el seno de la Fundación del Valencia CF la venta de la mayoría accionarial del club (un 70%) al magnate de Singapur Peter Lim. El entonces presidente del organismo, el socialista Aurelio Martínez, aseguró que el nuevo propietario se comprometía a invertir más de 300 millones de euros y a inaugurar el nuevo estadio en marzo de 2019, con motivo del centenario del club. Todo resultó ser falso.
De esta forma, la Comunitat Valenciana, los valencianos y valencianas, perdieron el control del Valencia CF, otro de sus buques insignias por la proyección que históricamente le había otorgado, con el empresariado valenciano y la masa social del club como espectadores de lujo y los políticos como protagonistas y responsables de un desastre que comenzó a fraguarse años antes al calor de la burbuja inmobiliaria.
Ocho años después de aquella venta pilotada por los entonces presidentes del Valencia CF, Amadeo Salvo, y de la Fundación, Aurelio Martínez, y teledirigida para adjudicársela a Lim, el nuevo estadio sigue paralizado y enmarañado en trámites administrativos y jurídicos, y el club está al borde del colapso deportivo y económico por la deficiente gestión de la propiedad.
Una venta sin garantías reales
¿Pero cómo fue aquel proceso de venta y con qué garantías reales se vendió el club de fútbol más representativo de la Comunitat Valenciana y uno de los más importantes de España?
En 2009, el entonces presidente Manuel Llorente se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 92 millones de euros para inyectar liquidez en un club que estuvo al borde del concurso de acreedores, acuciado por una deuda de más de 300 millones, la mayor parte (unos 150 millones) generados en la etapa anterior de Juan Soler, al iniciar la construcción del nuevo estadio sin haber vendido previamente los terrenos de Mestalla de la avenida de Aragón. El 25 de febrero de ese año se paralizaron las obras del coliseo y así se han mantenido hasta ahora.
De los 92 millones de la ampliación de capital, la masa social del Valencia CF suscribió 18 millones y el resto, correspondiente a un 70% de las acciones del club, se lo adjudicó la Fundación de la entidad mediante un crédito de 86 millones (75 más intereses) concedido por Bankia gracias a un aval que el presidente del Gobierno valenciano del PP, Francisco Camps, aprobó mediante el Instituto Valenciano de Finanzas poco antes de verse obligado a dimitir por el 'caso de los trajes', de la trama Gürtel. De esta forma, si la Fundación no devolvía el dinero, debía responder la Generalitat Valenciana.
Esto fue lo que acabó pasando. La operación se concibió con la idea de que fuera el propio Valencia CF el que transfiriera dinero a la Fundación para ir liquidando la deuda, algo que no fue posible legalmente. Así, la Fundación no pudo abonar a Bankia el primer pago de 4,8 millones de euros, por lo que la entidad bancaria ejecutó el aval.
De esta forma, en febrero de 2013, con Alberto Fabra como presidente, la Generalitat Valenciana efectuó el pago y se convirtió a todos los efectos en propietaria del Valencia CF, teniendo que asumir la deuda de la Fundación como avalista (una situación muy parecida a la que se dió con el Hércules y el Elche). Por eso se llegó a calificar al Gobierno valenciano como “Generalitat club de fútbol”.
Esta situación, en un contexto de crisis y recortes brutales, supuso un auténtico tsunami de críticas para Fabra. El mismo día que se anunció el pago de los 4,8 millones, quedó en el aire la atención a 400 niños con autismo y el Gobierno valenciano acumulaba impagos a las farmacias y a las personas dependientes, por poner algunos ejemplos.
Ante estas circunstancias, se optó por el mencionado proceso de venta de la mayoría accionarial de la Fundación, como única fórmula para que la Generalitat Valenciana recuperara los 4,8 millones abonados y se liberara de la obligación de pagar los 81 restantes.
Desde el primer momento, los máximos dirigentes del club y de la Fundación, Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, abanderaron la oferta de Peter Lim como la más ventajosa entre las siete que se presentaron en un proceso en el que la transparencia brilló por su ausencia y en el que los patronos de la Fundación no opusieron prácticamente ninguna resistencia ni cuestionaron la venta al magnate de Singapur, que se aprobó en octubre de 2014.
De los 22 patronos de la Fundación que aprobaron la venta a Lim, tres dimitieron durante el proceso y de los 19 restantes, 17 lo aprobaron y 2 de ellos, los representantes de la Diputación de València y del Ayuntamiento, votaron en contra. Llama la atención ocho años después, que ninguno de los contactados por elDiario.es ha querido dar detalles públicamente del proceso de venta.
El contrato final de compraventa de las acciones, publicado en aquel momento por Radio Valencia Cadena SER, no tenía nada que ver con la oferta inicial anunciada meses antes por Salvo y Martínez y no recogía prácticamente ninguna de las 20 condiciones establecidas por la Fundación para vender el club y que debía asumir el comprador final.
Entre esas condiciones estaba el “compromiso de acabar el estadio, con las premisas acordadas con el arquitecto Mark Fenwick entendidas como mínimo, y cerrar los compromisos con el Ayuntamiento (incluyendo la permuta de terrenos y el área deportiva asociada)”.
Además, en su primera oferta, por la que resultó elegida frente al resto, Lim se comprometía a poner 105 millones para rebajar la deuda total del club y a finalizar el nuevo estadio con una inversión mínima de 100 millones de euros. También se obligaba a comprar la parcela del actual campo de Mestalla por 150 millones de euros, en el caso de que no se encontrara ningún comprador en dos años.
Todo esto desapareció del contrato de venta final, en el que tan solo queda reflejado el pago de 100 millones de euros (6 de ellos retenidos a la espera de que se resuelva el contencioso con la Unión Europea) por el paquete accionarial de la Fundación, un pago que desvinculó a la Generalitat Valenciana de la deuda de la entidad avalada en su día por el expresidente Francisco Camps.
También se refleja un préstamo de la propiedad al club (sin especificar intereses o garantías de la propiedad para su devolución) de hasta 100 millones de euros para “fichajes de jugadores, necesidades de tesorería, ampliación de capital, y llegado el caso, la finalización de las obras del nuevo Mestalla”.
En el apartado del contrato “obligaciones del comprador tras la fecha de cierre de la operación” tan solo se menciona que “para procurar que el Valencia CF avance hacia la construcción del nuevo Mestalla a tiempo para la celebración de su centenario deberá haber obtenido todas las autorizaciones administrativas necesarias y la correspondiente permuta de terrenos así como el área deportiva que debe ser concedida por la ciudad de València. El comprador (Lim) usará cualquier cantidad de dinero disponible a través del préstamo del accionista concedido o procurará los instrumentos financieros, incluyendo financiación por parte de terceros, para acabar el nuevo Mestalla”. Un auténtico brindis al sol por la ausencia de garantías o cláusulas que de alguna manera le obligaran a cumplir.
Tanto es así, que un dictamen solicitado por la propia Fundación al decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, sobre un borrador del contrato concluyó que no tenía garantías suficientes para la Fundación ni obligaciones claras para el comprador, por lo que recomendaba que no se firmara. “Nadie vende una empresa si no hay garantías de que en caso de incumplimiento del comprador, hay algún tipo de penalización o contraprestación”, explican a elDiario.es fuentes jurídicas que siguieron de cerca el proceso de venta. Tanto la Fundación dirigida por Aurelio Martínez como el propio club se esforzaron en su momento por tratar de desmentir todas estas informaciones.
Finalmente, el 24 de octubre de 2014 se firmó el contrato que acreditaba a Peter Lim, a través de su empresa Meriton Holdings, como nuevo máximo accionista del Valencia CF. Para rematar este guión berlanguiano, el 30 de noviembre el presidente del club, Amadeo Salvo, impuso a Aurelio Martínez la insignia de oro y brillantes del club “en reconocimiento de su gestión al frente de la Fundación durante el complicado proceso de venta del paquete accionarial mayoritario del club al empresario singapurense Peter Lim”.
El club, en riesgo de colapso ocho años después
Ninguna de las principales promesas realizadas por Salvo y Martínez con respecto a la oferta de compra de Meriton se han acabado cumpliendo. De hecho, en el plano deportivo la plantilla se ha debilitado cada temporada, especialmente desde la salida del técnico Marcelino y del director general Mateu Alemany, contratados por Lim y paradójicamente despedidos dos años después, tras clasificar al equipo dos temporadas para la Champions y ganar la Copa, en un momento en el que el club volvía a revalorizarse. El desmantelamiento de este proyecto fue el punto de inflexión definitivo de la ruptura entre la afición y el máximo accionista, ya que desde entonces la gestión deportiva se ha instalado en la más absoluta mediocridad.
De hecho, el pasado mes de diciembre se produjo una multitudinaria manifestación de la afición del Valencia CF (unos 15.000 asistentes) bajo el lema “Per la dignititat del Valencia CF. Lim go home” (“Por la dignidad del Valencia CF. Lim, vete”).
Para el último partido de La Liga contra el Celta de Vigo que se disputa este sábado en Mestalla diferentes colectivos como Libertad Valencia preparan otra protesta contra el máximo accionista en la que llaman a concentrarse 30 minutos antes del encuentro en los aledaños del estadio y a seguir el partido desde fuera con el objetivo de dejar solos en el recinto deportivo al presidente Anil Murthy y al resto de directivos de Meriton, en un momento de elevada tensión social tras los audios publicados por Superdeporte y Levante-EMV en los que Murthy habla de las posibles salidas de Gayá y Soler y de un proyecto deportivo bajo mínimos.
En el plano económico, el accionista mayoritario se ha visto obligado a aprobar dos ampliaciones de capital para evitar la causa de disolución tras perder 134 millones en sus siete años de gestión, pese a haber movido casi 1.000 millones de euros en fichajes, mientras en el plano social, ha expulsado a la Agrupación de Peñas de su sede de Mestalla, mantiene las redes sociales del club cerradas a la interacción con los aficionados y se ha vetado y denunciado a periodistas críticos con su gestión.
A esto se suma que en la junta de accionistas del pasado 16 de diciembre la dirección del club subió de 9 a 3.598 el mínimo de acciones para poder acudir, lo que redujo la asistencia a 10 accionistas, y amenazó con denunciar a quien difundiera el contenido de la reunión. Además, en la reciente final de Copa el club tan solo puso a la venta entre sus abonados 12.000 de las 22.000 entradas recibidas, tal y como desveló el programa Tribuna Deportiva.
Por no hablar de las formas del presidente del club, Anil Murthy, cuando desde el palco mandó callar a la grada de Mestalla por manifestar su descontento o cuando acudió a la reunión con el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, para solicitarle una prórroga en los plazos para finalizar el nuevo estadio sin presentar ninguna garantía que justificara esa moratoria. Esta actitud provocó el enfado del jefe del Consell, quien afirmó que la credibilidad de Meriton estaba “bajo mínimos”, a lo que Murthy respondió con críticas hacia su gestión de la pandemia.
Todo este caldo de cultivo ha hecho estallar a la masa social del club que acudió de forma multitudinaria a la manifestación convocada por la asociación Libertad Valencia, que trata de aglutinar el 5% del accionariado para fiscalizar la gestión de Meriton y de recuperar el paquete de acciones de Lim para democratizar el club.
La afición pretende visibilizar así que no se resigna a la situación más delicada que atraviesa el club en sus 103 años de historia y lanzar un SOS a las instituciones, que de momento, como verbalizó en su día el propio Ximo Puig, no son partidarias de intervenir. Sin embargo, no hay que descartar ningún escenario si la institución corriera un peligro real de desaparición, algo que se podría volver en contra de las autoridades políticas.