De la “Generalitat Club de Fútbol” a arremeter contra las instituciones: la deriva del Valencia en una década

El Valencia CF atraviesa seguramente la crisis institucional más grave de sus 101 años de historia. La entidad valencianista, con los altibajos normales de una institución de tan larga trayectoria, ha pasado de ser un referente internacional de prestigio, reconocido como mejor club del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística en el año 2004, a una triste caricatura.

El comienzo de este declive en la imagen de la centenaria entidad empezó cuando en octubre de 2014 se cerró “la transacción más grande del fútbol mundial”. Así calificó el expresidente del club, Amadeo Salvo, la venta de la mayoría accionarial a Meriton Holdings, una de las empresas del magnate de Singapur, Peter Lim. Salvo fue uno de los principales responsables de la operación junto al expresidente de la Fundación del Valencia CF, Aurelio Martínez.

¿Pero cómo se llegó a esta situación y por qué se procedió a la venta? En 2009, el entonces presidente Manuel Llorente se vio abligado a realizar una ampliación de capital de 92 millones de euros para inyectar liquidez en un club que estuvo al borde del concurso de acreedores, acuciado por una deuda de más de 300 millones, la mayor parte (unos 150 millones) generados en la etapa anterior de Juan Soler, por la construcción del nuevo estadio sin haber vendido previamente los terrenos de Mestalla de la avenida de Aragón. Precisamente, el 25 de febrero de ese año se paralizaron las obras del coliseo.

De los 92 millones de la ampliación de capital, la masa social del Valencia CF suscribió 18 millones y el resto, correspondiente a un 70% de las acciones del club, se lo adjudicó la Fundación de la entidad mediante un crédito de 86 millones (75 más intereses) concedido por Bankia gracias a un aval que el entonces presidente del Gobierno valenciano del PP, Francisco Camps, aprobó mediante el Instituto Valenciano de Finanzas poco antes de verse obligado a renunciar a la presidencia por el 'caso de los trajes', de la trama Gürtel. De esta forma, si la Fundación no devolvía el dinero, debía responder la Generalitat Valenciana.

Esto fue lo que acabó pasando. La operación se concibió con la idea de que fuera el propio Valencia CF el que transfiriera dinero a la Fundación para ir liquidando la deuda, algo que no fue posible legalmente. Así, la Fundación no pudo abonar a Bankia el primer pago de 4,8 millones de euros, por lo que la entidad bancaria ejecutó el aval.

De esta forma, en febrero de 2013, con Alberto Fabra como presidente, la Generalitat Valenciana efectuó el pago y se convirtió a todos los efectos en propietaria del Valencia CF, teniendo que asumir la deuda de la Fundación como avalista (una situación muy parecida a la que se dió con el Hércules y el Elche). Por eso se llegó a calificar al Valencia como “Generalitat club de Fútbol”.

Esta situación, en un contexto de crisis y recortes brutales, supuso un auténtico tsunami de críticas para Fabra. El mismo día que se anunció el pago de los 4,8 millones, quedó en el aire la atención a 400 niños con autismo y el Gobierno valenciano acumulaba impagos a las farmacias y a las personas dependientes, por poner algunos ejemplos.

Ante estas circunstancias, se optó por el mencionado proceso de venta de la mayoría accionarial de la Fundación, como única fórmula para que la Generalitat Valenciana recuperara los 4,8 millones abonados y se liberara de la obligación de pagar los 81 restantes.

Desde el primer momento, los máximos dirigentes del club y de la Fundación, Amadeo Salva y Aurelio Martínez, abanderaron la oferta de Peter Lim como la más ventajosa entre las siete que se presentaron en un proceso en el que la transparencia brilló por su ausencia y en el que los patronos de la Fundación no opusieron prácticamente ninguna resistencia ni cuestionaron la venta al magnate de Singapur, que se aprobó en octubre de 2014.

Unos meses más tarde, en mayo de 2015, el Valencia CF ya con Lim como propietario, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana firmaron la Actuación Territorial Estratégica (ATE) por la cual el club se comprometía a finalizar toda la operación de traslado del estadio (finalizar el nuevo coliseo y urbanizar en el antiguo) con unos plazos estipulados.

El documento urbanístico establece que el nuevo estadio debe estar finalizado en mayo de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón.

A cambio, se le otorgaron al club 40.000 metros cuadrados de suelo terciario para una galería comercial en la parcela de la avenida de Aragón que se sumaban a los 70.000 de edificabilidad para viviendas ya aprobados anteriormente, y otros tantos metros de terciario en el entorno del nuevo estadio. De esta forma, se mejoraba la rentabilidad de la operación para que el club pudiera desarrollarla.

Sin embargo, los plazos se han ido cumpliendo sin que Lim haya mostrado el menor interés por reiniciar las obras. Ahora, con el club en una delicada situación económica por la pésima gestión de Meriton y tras amenazar las administraciones con anular la ATE si no se reactiva el nuevo estadio antes del 15 de mayo de 2021, Anil Murthy, presidente del Valencia CF, se ha descolgado solicitando una prórroga del plan urbanístico sin ofrecer a cambio ningún tipo de garantía que evidencie un interés real por finalizar las obras del nuevo estadio.

Así se lo pidió este martes a Puig en una reunión que causó la indignación del jefe del Consell, quien advirtió de que “la credibilidad de Meriton en la sociedad valenciana está bajo mínimos”. Lejos de hacer algo de autocrítica o de planificar alguna solución en los dos meses de plazo que quedan, Murthy utilizó al Valencia CF para contestar a Puig con un insólito comunicado este miércoles. Abre así un conflicto que será difícil de solucionar.

Entre otras cosas, afirmó que la “la credibilidad del club se mide en pagar las deudas bancarias -algo que nadie hacía antes-, ayudar a la sociedad valenciana especialmente durante la crisis del COVID-19 o donar material sanitario a los hospitales de la Comunitat Valenciana cuando no había debido a una gestión inadecuada de la crisis, por ejemplo”.

Meriton ha acabado así enfrentada a la Generalitat Valenciana que indirectamente y durante el Gobierno del PP propició su llegada, y al Ayuntamiento que, también con el PP al frente, le otorgó la posibilidad de obtener millones de euros en forma de metros cuadrados de edificabilidad, en lo que conoce como un “pelotazo” urbanístico.

Para rematar este guión berlanguiano, el mismo día en que Murthy se reunió con Puig para pedirle una prórroga de la ATE, el príncipe de Johor, Tanku Ismail Idris, hizo público en su perfil de Instagram su más que probable llegada al Valencia CF como socio de Lim.

En este contexto, el futuro de una de las entidades más representativas de la Comunitat Valenciana es cada día que pasa más incierto.