La Generalitat propone un peaje urbano en las vías más utilizadas del área metropolitana de València

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad sacó a información pública el pasado 3 de julio la versión preliminar del Plan de Movilidad Metropolitana (PMoMe) de València y su documentación asociada.

El PMoMe de València pretende hacer más sostenible el patrón de desplazamientos cotidianos de los más de 1,8 millones de habitantes del área metropolitana de València, formada por más de 70 municipios en los que se concentra una parte muy importante del empleo y del valor añadido bruto de la provincia.

Durante un plazo de 45 días, toda persona interesada puede realizar sus aportaciones para mejorar el PMoME. De esta forma, la ciudadanía, administraciones, empresas, colectivos e instituciones pueden consultar el documento de manera online o de forma presencial en los servicios centrales de la Conselleria en València.

Según el documento, el objetivo consiste en aumentar en 220.000 el número de personas que diariamente hace uso de modos sostenibles para desplazarse, además de reducir las emisiones de gases contaminantes con el objetivo de luchar contra el cambio climático.

Además, considera que “junto con el efecto negativo sobre el medio ambiente que ha tenido el desarrollo viario cabe incluir la sensación de gratuidad o coste cero en el mantenimiento de estas infraestructuras que el usuario percibe, incrementando la sensación de coste cero en los desplazamientos en vehículo privado que la ciudadanía percibe de manera generalizada”.

En este sentido, una de las medidas que propone es “introducir el concepto de 'Congestion Charging' en el área metropolitana de València, de igual manera que otras ciudades europeas lo están aplicando en la actualidad”, es decir, un peaje urbano.

“El cobro por el uso de las carreteras significa cobrar un precio por el uso que los conductores realizan de las infraestructuras viarias, bien de manera genérica, bien de manera puntual en ciertos momentos del día”, afirma el PMoMe.

Los objetivos son dos: “Reducir la afección del tráfico rodado en los medios urbanos metropolitanos por sus efectos medioambientales y conseguir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos de transporte público necesarios, agilizando los plazos de inversión, construcción y puesta en servicio”.

En cuanto a su implementación, “el sistema deberá estudiarse en detalle, tanto en cuanto a las afecciones como los beneficios que generarían a la ciudadanía y administraciones metropolitanas”. Igualmente, deberá estudiarse “el inicio de su implantación una vez las necesarias infraestructuras mínimas de transporte público son desarrolladas para dotar de alternativa de movilidad a la ciudadanía que actualmente se desplaza en transporte privado”.

La introducción de los nuevos sistemas de tarificación deberá realizarse “de manera progresiva, realizando una importante campaña de concienciación de la opinión pública respecto de los beneficios, así como de las instituciones políticas e irá acompañada de bonificaciones y ayudas sociales para ciertos colectivos”.

Así, “las tecnologías a utilizar para su implementación dependerán del resultado del estudio correspondiente, siendo actualmente las soluciones más comunes la tarifación por acceso o por kilómetros recorridos dentro de una cierta área”.

Entre los beneficios de este sistema, el documento destaca que “el cobro por uso de la red viaria es la forma más eficiente de tarifa de congestión y tienen los impactos distributivos más bajos”.

Además, afirma que “los precios de congestión benefician a los conductores y a las empresas al reducir los retrasos y el estrés, al aumentar la previsibilidad de los tiempos de viaje y al permitir más entregas por hora para las empresas” y ayudan también “al transporte público al mejorar las velocidades de circulación y la confiabilidad (regularidad) del servicio, al aumentar la cantidad de pasajeros usando el transporte público y al reducir los costos para los operadores”.

También beneficia “a los gobiernos estatales y locales al mejorar la calidad de los servicios de transporte sin aumentos de impuestos o grandes gastos de capital, al proporcionar ingresos adicionales para financiar el transporte, al retener negocios y expandir la base impositiva, y al acortar los tiempos de respuesta a incidentes para el personal de emergencia y así ahorrar vive”.

Por último, se considera positivo “para la sociedad en general al reducir el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos, al permitir decisiones más eficientes de uso de la tierra, al reducir las distorsiones del mercado inmobiliario y al ampliar las oportunidades para la participación cívica”.