Conflicto a la vista entre el Gobierno y el Ayuntamiento de València a cuenta de la aplicación de la Ley de Cambio Climático en lo que a la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones se refiere (ZBE). Esta medida que deben poner en marcha los municipios de más de 50.000 habitantes antes del próximo 1 de enero de 2014 consiste en activar restricciones de tráfico en determinadas zonas de la ciudad a los vehículos más contaminantes mediante cámaras lectoras de matrículas que sancionarán a aquellos que no cumplan los requisitos mínimos en cuanto a emisiones.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, afirmó el pasado viernes 13 de octubre que solo habrá sanciones “cuando se superen los umbrales, pero es una posibilidad remota”. Según Carbonell, “afortunadamente, en el caso de València solo será en algún día puntual, por lo que no se tendrá que prohibir habitualmente la entrada de vehículos ni aplicar sanciones”. El edil aseguró que en los primeros estudios relativos a los umbrales de contaminación en la ciudad para determinar la futura zona de bajas emisiones (ZBE), “ningún barrio de Valencia alcanza los límites estipulados por lo que no hará falta aplicar medidas restrictivas”.
“La ZBE se pone en marcha y se instalarán las cámaras, pero no hay necesidad de aplicar medidas restrictivas si se confirman todos los estudios realizados. Solo aplicaremos restricciones cuando se superen los umbrales, pero es una posibilidad remota”, dijo Carbonell.
Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige en funciones la socialista Teresa Ribera ha advertido de que, caso de proceder así, el Ayuntamiento estaría incumpliendo la Ley de Cambio Climático y se expondría a la pérdida de fondos europeos.
“La Ley 7/2021, de 20 de mayo, establece, en su artículo 14.3, que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes (cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire), deberán adoptar, antes de 2023, planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación, que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos, entre otras, el establecimiento de ZBE”, explican fuentes ministeriales, que matizan que la aplicación de las restricciones es opcional solo para los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes, mientras que para los que superen esta última cifra son obligatorias.
Las mismas fuentes añaden que “el establecimiento de estas ZBE es, pues, una obligación legal que posibilita la aplicación de medidas incluidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), y en los compromisos adquiridos mediante la Declaración de Emergencia Climática”.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València adjudicó en noviembre de 2022 el contrato para el suministro del sistema de gestión y control para implantar una zona de bajas emisiones por un importe de 10.863.541,84 euros, inversión que cuenta con fondos europeos que se podrían perder si no se ejecuta a tiempo o como marca la legislación.
El sistema que pretende restringir el acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas zonas en la ciudad consta de 274 cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en 93 puntos, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, contempla una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto.
La instalación de las cámaras está pendiente la aprobación de la ordenanza que regula su funcionamiento, un texto que deberá pasar un periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones.