“Defenderemos hasta el último día un uso racional del territorio, una explotación que respete nuestra soberanía alimentaria y las raíces de la gente en el mundo rural. Por este motivo estamos preparando la documentación necesaria para interponer un recurso de alzada contra este ataque a nuestra territorio, a nuestra manera de vivir y de entender nuestro patrimonio cultural, alimentario y el futuro del mundo rural”.
La consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Isaura Navarro, se ha pronunciado así tras conocer que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de autorización administrativa previa para la planta fotovoltaica Magda, en el interior de Castellón, sin que se haya tenido en cuenta el informe desfavorable de la dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental.
El proyecto 'Magda' implica una instalación de 260.000 paneles y una ocupación de 500 hectáreas de terreno, con cerca de 70 kilómetros empleados en la línea de evacuación, para una potencia de 150 megavatios de energía solar fotovoltaica. Su ubicación está prevista sobre un mosaico de cereales, olivos, viñedos y pinares en varios municipios de la provincia de Castellón, principalmente les Coves de Vinromà, pero también Benlloch y Cabanes, con una línea eléctrica que atraviesa una decena de municipios.
En las plantas solares de más de 50 megavatios la competencia en la autorización es estatal y los informes autonómicos no resultan vinculantes, una cuestión que provoca un conflicto político y territorial.
El pasado mes de diciembre, las Corts Valencianes aprobaron reclamar al Gobierno de España la “paralización inmediata” del proyecto Magda, gracias a la Proposición No de Ley presentada por Compromís que reclamaba que no se continuara con este proyecto por su “gran afección paisajística”.
El Miteco, sin embargo, ha seguido con la tramitación lo que obliga a la Conselleria que dirige Navarro a presentar el mencionado recurso de reposición ante el propio ministerio que dirige la vicepresidenta socialista Teresa Ribera. De desestimarse, el proceso quedaría abocado al recurso por la vía judicial, en el contencioso administrativo.
No es el único proyecto fotovoltaico en el que existen discrepancias con el Gobierno. Como informó elDiario.es, en este caso la Dirección General de Política Territorial y Paisaje dependiente de la Conselleria de Política Territorial ha emitido dos requerimientos por los cuales solicita al Miteco la nulidad de los permisos concedidos a dos instalaciones ubicadas en Requena y Villena por contravenir determinados puntos de la normativa autonómica de territorio.
El mismo departamento ha detectado otras 11 instalaciones de más de 50 megavatios de potencia autorizados por el Miteco a lo largo de toda la Comunitat Valenciana que también pueden ser susceptibles de recursos de nulidad.