“Desde Puertos del Estado se han elaborado dos informes, uno jurídico y otro técnico, que no tienen el carácter de preceptivos ni vinculantes, en los que se emite opinión ante una consulta formulada por la Autoridad Portuaria de Valencia”.
Así califica el Gobierno de España el supuesto aval que otorgó Puertos del Estado a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del año 2007 de la ampliación del Puerto de València. Esa “opinión” considera que la DIA, basada en una ley de 1986 que ya no está en vigor, no ha caducado pese a que la nueva normativa del año 2013, establece un máximo de vigencia de seis años para declaraciones aprobadas con anterioridad cuyas obras no se han inciado, como es el caso de las de la nueva terminal.
La valoración del ejecutivo que preside Pedro Sánchez forma parte de una respuesta (documento completo al final de la información) que carece de firma a la diputada valenciana del PP, Belén Hoyo, quien preguntó sobre la postura del Gobierno sobre la ampliación del Puerto de València y sobre los mencionados informes.
Pese a que pretende dar apariencia de lo contrario, en su respuesta el ejecutivo evidencia que se desentiende del proyecto y de sus posibles consecuencias judiciales al remarcar el carácter no preceptivo y no vinculante de los informes de Puertos del Estado.
Y es que, entidades vecinales y ecologistas integradas en la Comissiò Ciutat-Port, así como partidos como Unides Podem y Compromís, han anunciado recursos judiciales si la ampliación se lleva adelante sin una nueva DIA, no solo por su posible caaducidad, sino por las importantes modificaciones implementadas sobre el proyecto original, cuyas consecuencias no se han evaluado, como por ejemplo el cambio de ubicación de la terminal de cruceros (cuestionado por la Intervención y por la Abogacía del Estado e investigado por el Tribunal de Cuentas) proyectada en los antiguos astilleros de Unión Naval, junto al barrio de Natzaret, o el cambio de disposición de los muelles, que además de aumentar la superficie agravarán el impacto paisajístico desde las playas del norte.
Además, pone de relieve que carece de informes propios que justifiquen la ampliación, al remitirse en todo momento a los datos del estudio de un catederático de la Universidad Politécnica pagado por los empresarios valencianos (Propeller, Cámara de Comercio y Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana) con un coste de 30.000 euros, al que se remite el Gobierno cuando afirma que “la nueva terminal generará 6.000 nuevos empleos” (los estibadores aseguran que se perderán 500) y que “de no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEU en el año 2050”.
En este sentido, la consellera de Emergencia Climática i Transición Ecológica comentó este miércoles que “llama la atención que la respuesta del Gobierno no está firmada por nadie” y cuestionó que se remita a informes de terceros: “Digo yo que un puerto estatal tendrá que tener sus propios informes firmados por sus propias autoridades, por lo tanto, a la pregunta de si existe algún informe de Puertos del Estado que diga que el Puerto de València se colapsará o que asegure que la ampliación tal y como se está proyectando puede hacerse al margen de una nueva DIA, la respuesta es que no existe a día de hoy ningún informe firmado por nadie con esas características”.