“¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para depurar responsabilidades?; ¿ha identificado ya a los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos?; ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para que nunca más se produzcan casos como estos?; ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para dar servicio de asistencia psicológica en estos casos?; ¿por qué mantiene el Gobierno abiertos los CIE?”.
Estas fueron las preguntas que trasladó el senador de Compromís, Carles Mulet, tras tener conocimiento de la agresión denunciada por un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIA) de Zapadores en València el pasado mes de julio.
Según informó la plataforma CIEs NO, un interno denunció en el juzgado que cuatro policías le dieron una paliza tras pedir asistencia sanitaria porque sentía un fuerte dolor en una de sus muelas.
El incidente tuvo lugar por la noche después de que el interno pulsara el timbre de la celda para avisar a la policía mientras “gritaba de dolor” y reclamaba atención sanitaria para su muela.
Pasados unos minutos, el interno explicó que cuatro policías entraron con “actitud violenta” y uno de ellos le tiró al suelo de un empujón -siempre según la denuncia-. Posteriormente, prosigue, “comenzaron a golpearme, dándome patadas en el cuerpo” y, pese a tratar de protegerse, sostiene que uno de los agentes le dio una fuerte patada en la cabeza que le alcanzó el ojo. El informe médico de la exploración que le realizaron al día siguiente constató “múltiples excoriaciones superficiales longitudinales en tórax y miembro superior izquierdo” y “hematoma peritorbitario izquierdo”.
La víctima solicitó al juez que se aporten las grabaciones de las cámaras del CIE, la identificación de los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos, que se tome testimonio a los testigos -presentes en la celda durante la agresión- y que le explore el médico forense.
Pese a la gravedad de los hechos relatados, el Gobierno no ha dado una respuesta clara a ninguna de las cuestiones planteadas por Mulet y ha derivado el asunto a la Justicia (respuesta completa al final de la información).
En concreto, el ejecutivo central afirma que “las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales se someten a las reglas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo competente para su conocimiento el respectivo juez de instrucción”.
Además, añade que “el artículo 2 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), somete la actividad de los CIE al control judicial”.
Así, determina que “en todo caso el extranjero internado queda a disposición del juez o tribunal que autorizó u ordenó el internamiento”, y que “el Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en el centro le corresponde conocer, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales y visitar los centros cuando conozca algún incumplimiento grave o lo considere conveniente”.
Por último, afirma que “a través de los facultativos sanitarios del CIE se deriva a los recursos del Sistema Nacional de Salud para la atención especializada de las personas que lo precise” y que “todos los CIE se facilita la labor encomendada a los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos”.
Mulet deduce de esta respuesta que “el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para depurar responsabilidades, no ha identificado a los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos y no ha adoptado medidas para que nunca más se produzcan casos com estos” y denuncia que el Gobierno no ha contestado a ninguna de sus preguntas.