El Gobierno central se pone de perfil ante las posibles indemnizaciones millonarias a las que se expone en caso de que se adjudiquen las obras de la ampliación del Puerto de València y que poco después se paralice el proyecto en los tribunales. Además, vuelve a evidenciar que Puertos del Estado no ha emitido informe alguno sobre la validez de la declaración de impacto ambiental, pese a que tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid vuelve a ser el órgano sustantivo de la actuación.
Así se desprende de la respuesta que ha dado por escrito al diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez, quien elevó las siguientes preguntas: “¿Podría la administración general del Estado incurrir, a pesar de estar informada y con el precedente del proyecto Castor, en indemnizaciones millonarias si la justicia paralizara el proyecto en los procedimientos que hay abiertos con las obras ya adjudicadas? ¿Va a emitir Puertos del Estado un informe motivado sobre la validez de la declaración de impacto ambiental de 2007 para el nuevo proyecto , teniendo en cuenta los cambios que se han implementado? ¿Se paralizará la licitación de las obras de ampliación del Puerto de València hasta que se emita ese informe?”.
Según la respuesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Gobierno se remite al informe que realizó Puertos del Estado el 9 de abril de 2021, que concluye que la DIA no está caducada, pero no se pronuncia sobre su validez para el nuevo proyecto teniendo en cuenta los cambios implementados. Este informe se emitió antes de que el Ministerio de Transición Ecológica designara a la Autoridad Portuaria de València como órgano sustantivo, y por tanto responsable de solicitar nuevos informes ambientales. Sin embargo, el TSJ de Madrid consideró nula la resolución del ministerio y la condición de órgano sustantivo volvió a Puertos del Estado, sin que se haya vuelto a pronunciar al respecto. Del resto de preguntas no se pronuncia más allá de afirmar que “el expediente de contratación de las obras de la nueva terminal norte de contenedores sigue su curso administrativo”.
Precisamente, la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista opositora al proyecto, advirtió recientemente de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia para adjudicar las obras podría celebrarse la semana próxima a pesar de los tres procesos judiciales abiertos ante diferentes tribunales y que cuestionan la evaluación ambiental, el proyecto técnico y el mismo proceso de licitación.
La entidad ha recordado que se va a dragar hasta 28 metros de profundidad en la dársena del puerto de Valencia y hasta 27 metros en la dársena de Sagunto y que se pretende dragar hasta 10 millones de metros cúbicos en Valencia, cuando la DIA de 2007 tan sólo contemplaba 18 metros de profundidad y 1,5 millones de metros cúbicos en esta ciudad.
“Si los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria valenciana llegasen a adjudicar las obras de ampliación en las actuales circunstancias, abandonados por su entidad matriz Puertos del Estado, podrían incurrir no sólo en una extralimitación de sus competencias si no también en eventuales responsabilidades personales”, concluyen los portavoces de la Comissió Ciutat-Port.