El Gobierno central se ha visto obligado a recurrir por una doble vía para dejar sin efecto la permuta de concesiones que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) aprobó en 2019 en favor del naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y que en junio de 2021 el propio Puerto que dirige el socialista Aurelio Martínez se vio obligado a anular tras advertir sendos informes de la Intervención General y de la Abogacía del Estado que no se había procedido regularmente y que se había podido dañar el bien público.
El acuerdo anulado mediante el inicio del denominado expediente de lesividad implicaba el rescate de la concesión otorgada al naviero Vicente Boluda en los astilleros de Unión Naval Valencia SA, sin uso desde 2012 y que caducaba en 2027, compensándole con una nueva concesión de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas de 13 plantas.
Tanto la Abogacía como la Intervención sostienen que no procedía una compensación por la recuperación de esta concesión, sino que se debió optar por la vía de la caducidad, sin contraprestación para el empresario al estar 10 años sin la actividad para la que se otorgó, es decir, la construcción de barcos.
Tras aprobar la APV el inicio del expediente de lesividad para dejar sin efecto la permuta de concesiones que también investiga el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Transportes aprobó una resolución en el mes de agosto por la que se suspendió la cesion de terrenos en favor del naviero hasta que finalizara todo el procedimiento administrativo.
Para que esto ocurra y quede impugnada definitivamente la permuta, el Gobierno ha llevado el expediente de lesividad a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para que se pronuncie al respecto, mientras que la Abogacía del Estado ha hecho lo propio en el contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Ambos procesos se encuentran pendientes de resolución, según ha informado el Ministerio de Transportes mediante una respuesta al senador de Compromís, Carles Mulet.
El rescate irregular de la concesión de los astilleros de Boluda viene motivada por los cambios introducidos en la ampliación del Puerto, que no están amparados por la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007. Estos cambios implican el traslado de la terminal de cruceros a la sede de la antigua Unión Naval.
La APV hizo público recientemente el proyecto definitivo de los nuevos muelles y está pendiente de completarlo con diversos informes y adendas solicitados por Puertos del Estado. Una vez se complete toda la documentación, la idea de la APV es licitarlo y llevarlo al consejo de ministros para su aprobación, pese no cumplir con la DIA de 2007, tal y como informó este diario.