El circuito urbano de Fórmula 1 continúa generando costes millonarios a las arcas públicas, pese a que hace nueve años que se disputó el último Gran Premio de Europa y que toda la parte recayente a El Grau y Natzaret está vallada, abandonada y carece de uso ciudadano.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, han informado a elDiario.es que el pasado día 12 junio se abonaron 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para abonar los costes de construcción del trazado.
El crédito empezó a pagarse en 2016 y tiene una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales, por lo que quedan por abonar 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023: “Continuamos cargando con la mochila de la mala gestión de los recursos públicos de los gobiernos del Partido Popular. Un año más hemos pagado los 7,5 millones de euros para sufragar los costes del inservible circuito urbano de la Formula 1 de València. Hasta 2023 seguiremos pagando anualmente esta cantidad que podríamos destinar para políticas de vivienda, como adquisiciones de vivienda para el parque público o ayudas al alquiler”, lamenta Dalmau.
El circuito, sin embargo, tuvo un coste total de 89,7 millones de euros. Pero no solo la construcción del trazado supuso gasto para las arcas públicas. El coste total de la organización del Gran Premio entre los años 2008 y 2012 ascendió a 308 millones de euros entre el circuito (89,7 millones), la compra de la empresa Valmor y el canon (115 millones) o la retransmisión de Canal 9 (26 millones de euros), entre otros conceptos.
Pese a todo, el expresidente del Gobierno valenciano que apostó por traer la prueba a la ciudad, Francisco Camps, insiste siempre que se le pregunta al respecto en el “coste cero” del trazado y no solo eso, sino que lo reivindica como uno de los legados más importantes de sus años de mandato.
Camps sigue imputado en la causa que investiga la condición de avalista de la Generalitat Valenciana a la empresa Valmor, creada para organizar el evento, si bien es cierto que el pasado mes de octubre la Fiscalía Anticorrupción solicitó el archivo. Además, está procesado en la pieza de Gürtel de Fitur.
Con todo, ha iniciado una campaña para tratar de posicionarse como candidato a la alcaldía por el PP para las próximas elecciones. En este contexto, el pasado 7 de mayo presentó en el Ayuntamiento de València una acción de responsabilidad en virtud de la cual exigía el cumplimiento del convenio firmado por el Consistorio, drigido entonces por Rita Barebrá, con la Generalitat, que entonces presidía el propio Camps, para financiar las obras del circuito.
En virtud de ese acuerdo la administración autonómica adelantó 45 millones de euros para la consecución del trazado a su paso por El Grau, que después le devolvería el Consistorio mediante algún tipo de gravamen a repercutir a los propietarios de los terrenos, puesto que, en realidad, esa parte del asfaltado se reconvertiría en las calles de la futura urbanización del PAI de El Grau.
El Consistorio contestó recientemente al escrito de Camps que no se puede exigir el cumplimiento del mencionado convenio mediante una acción pública y descarta que se le pueda dar por personado en los diferentes expedientes al no tener la condición de interesado.
Además, se le recuerda que entre las obligaciones del Ayuntamiento con el citado convenio, figura el compromiso de “tramitar una ordenanza con un canon de urbanización para la financiación del proyecto repercutiendo en los propietarios el coste real de la actuación o cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento de Valencia considere adecuada”.
En este sentido, se le informa de que se descarta la imposición de un canon y “sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas puedan obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa, el Ayuntamiento no ha tramitado ordenanza y se gestionara a través del propio PAI como carga de urbanización de todo aquello que sea repercutible en los propietarios”, dejando entrever que será muy complicado repercutir la totalidad de los 45 millones, por lo que la diferencia deberá de ser asumida por la administración.
Fuentes municipales informaron de que se trabaja en un estudio para determinar a cuánto podrían ascender esas cargas repercutibles.