El complejo hotelero Sidi Saler, ubicado en el corazón de la Devesa del Parque Natural de la Albufera de València, mantiene la incógnita de su futuro dos años después de que el Ministerio de Transición Ecológica renovara la concesión a las entidades bancarias propietarias del inmueble por un plazo de 30 años prorrogables a otros 30 más.
El hotel, cerrado desde el año 2011, pasó de las manos del BBVA a las de Divarian, la firma que constituyó el fondo Cerberus junto con BBVA (tienen un 80% y un 20% de las participaciones respectivamente) tras comprar los activos inmobiliarios de este banco. En la actualidad, es Haya Real State la entidad que gestiona los activos inmobiliarios de Divarian. Ninguna de estas firmas ha despejado hasta ahora la incógnita sobre el futuro del inmueble.
Fuentes municipales han asegurado a eldiario.es que ya han requerido a los propietarios del inmueble que acrediten la transmisión de la licencia (de los antiguos propietarios a los que ahora dicen serlo), un procedimiento que en estos momentos sigue abierto. Además, hay abierto un oficio por el cual la propiedad debe acreditar que en sus terrenos se desarrolla algún tipo de actividad relacionada con su licencia. Las mismas fuentes han comentado que el posicionamiento político del actual equipo de Gobierno es favorable al derribo de todo el inmueble para recuperar toda la zona como espacio natural.
A todo esto se añade la delicada situación administrativa en la que se encuentra el hotel, puesto que el edificio está fuera de ordenación sustantiva, lo que en la práctica implica que sobre el mismo no se pueden hacer obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, sino que solo se podrán acometer sí pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
El Hotel Sidi Saler fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 1986, el paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre.
La incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre implica la eliminación del derecho de propiedad sobre los mismos. En estas situaciones, la Ley de Costas de 1988 contempla la obligación de la Administración General del Estado de convertir los derechos de propiedad en derechos de aprovechamiento.
Este fue el argumentó que empleó el Ministerio de Transición Ecológica para renovar la concesión, puesto que “el otorgamiento de la concesión transitoria no es una cuestión discrecional, sino una obligación del Ministerio cuando se cumplen los requisitos que establece la normativa de Costas y sin perjuicio de las restantes autorizaciones y/o licencias que el interesado tuviera que obtener de otras administraciones en el ámbito de sus propias competencias, y sin perjuicio de que se pueda proceder a su rescate de acuerdo con la normativa de Costas”.