“Se observa que el informe de viabilidad económica que obra en el expediente esta firmado el 24 de abril de 2024 por personal ajeno al Ayuntamiento, sin que conste ningún visto bueno o aceptación por personal responsable de la Corporación Municipal”. El informe de la Intervención General del Ayuntamiento de València del pasado 29 de julio se pronuncia en estos términos en referencia a la convocatoria de un procedimiento abierto para la adjudicación a promotores privados de cuatro parcelas municipales para la construcción de viviendas asequibles en régimen de alquiler por medio de la figura legal del derecho de superficie.
El informe de viabilidad económica al que se refiere la Intervención fue adjudicado por el actual equipo de Gobierno del PP y de Vox por medio de un contrato menor valorado en 9.500 euros (IVA incluido) a la empresa Raizde3 y según denunció este jueves el PSPV, ha sido el que ha marcado los criterios del pliego de condiciones licitado recientemente a pesar de que como alertan los interventores, no ha pasado el filtro de los diferentes servicios municipales.
El portavoz socialista, Borja Sanjuan, denunció que el informe de la Intervención revela que “las condiciones para que el Ayuntamiento regale el suelo público a cambio de que se hagan estas viviendas no las está poniendo el propio Ayuntamiento sino que están redactadas directamente por asesorías y consultoras de estos propios especuladores”, puesto que según afirmó la empresa que firma el informe de viabilidad que el actual gobierno ha incorporado al expediente tiene como objeto social la compraventa y explotación de toda clase de fincas, construcción, promoción y rehabilitación de inmuebles así como la actuación como comisionista e intermediario.
Es decir, según Sanjuan, “son los propios promotores los que han redactado los pliegos sin que ningún funcionario haya revisado la documentación” y añadió: “Esto es un escándalo y, por supuesto, como Partido Socialista vamos a llevarlo a Antifraude porque no puede ser que los especuladores en esta ciudad sean juez y parte”.
Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía comentó que “el principal problema que tiene València en estos momentos es el acceso a la vivienda y no, como parece creer la señora Catalá, la rentabilidad de las constructoras y promotoras”.
El concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, afirmó sobre la contratación de Raizde3 para la estimación del valor del contrato y su viabilidad económica que se invitó a siete empresas para la elaboración de un informa de viabilidad económica: “La redacción se adjudicó a la empresa que mejor oferta económica había presentado y cuya elaboración se realizaba con menor tiempo”, dijo.
Posteriormente, añadió el edil, las condiciones que rigen la constitución del derecho de superficie han sido determinadas por el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, sin que haya actuado ni intervenido ninguna empresa externa: “Las reglas de la licitación de los derechos de superficie serán aprobadas por el órgano competente y se publicarán en el Boletín Oficial para que todas las empresas que estén interesadas puedan presentar ofertas en los plazos establecidos, con transparencia”.
“El problema real que tiene el Partido Socialista es que se enfrentan a la vergüenza de que en 8 años fueron incapaces de poner en marcha una política de vivienda clara. Sólo fueron capaces de construir 14 viviendas, pero sus limitaciones en la gestión no justifica el comportamiento inmaduro, infantil, lanzando acusaciones sobre falsas informaciones”, insistió Giner.
Con la constitución del derecho de superficie, la empresa que resulte adjudicataria asume todos los gastos de la construcción de 221 viviendas que gestionará directamente durante 65 años como viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible, con posibilidad de ampliarse por otros 10 años. Una vez transcurrido ese plazo, las viviendas pasarán a formar parte del parque público de Viviendas de Protección Pública de la Ciudad.