Lluvia de millones del erario público para que la multinacional MSC, naviera que mueve algo más del 50% de los contenedores del recinto, pueda llevar a cabo su negocio en condiciones más ventajosas en el ámbito de la ampliación norte del Puerto de València.
Como avanzó elDiario.es, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) celebrado este martes ha aprobado la propuesta de actualización de precios del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València, una actualización que, según ha señalado Mar Chao, presidenta dela APV, “no influye en nada en el proyecto que está pendiente de aprobación por parte del consejo de ministros”.
Los precios aprobados por el Consejo de Administración en diciembre de 2022 para este proyecto han quedado desactualizados en tanto el presupuesto se formuló en el primer trimestre de 2021, utilizando precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra correspondientes a 2020: 542.694.149,17 euros IVA incluido. Por tanto, ha transcurrido un año desde que se aprobó el proyecto y casi dos años, desde que se realizó el primer cálculo de costes.
La tendencia alcista, continua y persistente de los precios en el nuevo lapso de tiempo transcurrido ha llevado a la Autoridad Portuaria de València (APV) a actualizar los precios de las distintas unidades de obra recogidos en el proyecto de construcción aprobado en 2022 dando como resultado un nuevo presupuesto para esta misma obra de 660.387.997,83 euros IVA incluido. Una actualización exigida también por el Gobierno para su aprobación en el consejo de ministros.
Aunque Chao no quiso responder a las preguntas de los periodistas sobre los plazos, la aprobación del proyecto en el seno del Ejecutivo central se podría abordar en el mes de enero. Con el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno del PSOE y Sumar recién nombrado, este puede ser el primer gran tema que divida a los socios de izquierdas.
Mientras los socialistas, presionados por los empresarios y por la derecha que ahora gobierna en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento, tratan de sacar adelante el proyecto que por ley requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, al superar los 12 millones de euros de inversión, Sumar se opone frontalmente al considerar que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 con la que se le quiere dar cobertura no es válida, habida cuenta de las modificaciones que ha sufrido el proyecto inicial y que serían incompatibles con los parámetros que marca la propia DIA.
Y en esa oposición de Sumar está tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien antes de las pasadas elecciones autonómicas se desplazó a València para comprobar in situ los efectos nocivos del dique norte en las playas del Parque Natural de la Albufera, como Compromís, que siempre ha abanderado esa oposición en la Comunitat Valenciana. En aquel momento, Díaz ya advirtió: “Si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en València no puede salir adelante”.
A principios del presente año ya hubo un intento de pasar la ampliación portuaria por el Consejo de Ministros pero finalmente no llegó a entrar en el orden del día por la oposición de Podemos. A esto se añade la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que de forma cautelar traslada la condición de órgano sustantivo que tenía la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Puertos del Estado, lo que implica que es este último organismo el que debe garantizar mediante un informe motivado que la DIA de 2007 es válida para el nuevo proyecto. La aprobación del proyecto constructivo de los muelles en el consejo de administración de la APV también está pendiente de resolución judicial.
Ciutat-Port advierte de que no se han subsanado las objeciones de Costas
La Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación, advirtió de que la actualización del presupuesto se ha aprobado sin siquiera haber incorporado la totalidad de las 21 condiciones impuestas por la Dirección General de la Costa y el Medio Marino del Ministerio de Transición Ecológica en su informe de 18 de noviembre de 2022.
La plataforma ciudadana afirmó que esta es “una más de las trampas de una ampliación a medida de MSC” ya que el incremento de gasto público beneficia tan sólo a un único operador y desprecia las cautelas exigidas por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en relación con el medio ambiente marino, un requisito cuya ausencia invalidaría el proyecto de ampliación y las revisiones de precios que pretende la APV.
La necesidad de autorización por el Consejo de Ministros de la celebración del contrato de obras de la ampliación portuaria resulta necesaria por superar los límites previstos en la legislación comunitaria y española. Además de este incremento inicial, habría que computar las más que previsibles “modificaciones” de proyecto que pudieran surgir y que opiniones expertas estiman que superarán los 800 millones de euros.
“La APV sigue empeñada en favorecer a un único operador portuario y pretende añadir casi ciento veinte millones de dinero público a un proyecto innecesario y que genera unos impactos ambientales que después pagaremos entre todas y todos, tal y como se ha demostrado con las obras de regeneración de playas del sur financiadas por el Ministerio y no por el puerto y que están ya perdiendo arena a causa del oleaje”, dijo la entidad.
Compromís critica la opacidad
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, criticó que “la señora Catalá y los responsables del Puerto de Valencia intentan esconder a todos los valencianos y valencianas todo lo que tiene que ver con la polémica ampliación del Puerto”.
De hecho, Robles lamentó que este martes se negaron a responder a los periodistas que les hacían preguntas al respecto: “Esta opacidad y falta de transparencia tiene que ver con el incremento millonario del coste de la ampliación del Puerto que han aprobado hoy. Quieren que nadie se entere, porque la ampliación del Puerto es cada vez una mayor disparate. Una macro operación que sólo tiene como objetivo beneficiar a unos empresarios a costa de la salud de todos y del ecosistema natural de nuestras playas”.
Una ampliación que según la portavoz de Compromís “no dispone de los permisos correspondientes y que cuenta con la oposición de la federación vecinal de València” por lo que exigieron “transparencia y que se cumpla la ley”. Las arcas públicas “no pueden soportar un incremento de precios de tantos millones de euros para este problemático proyecto”, dijo.