Las ITV valencianas, cuya privatización puede llevar a Zaplana al banquillo, pasan a la gestión pública

La Generalitat Valenciana contará con una empresa pública para gestionar las diferentes estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV). Los grupos del Pacte del Botànic en solitario (PSPV, Compromís y Unides Podem) votaron este jueves en las Corts Valencianes a favor de la convalidación del decreto-ley que autoriza la creación de la Societat Valenciana d'ITV a partir de 2023, tras 25 años de la privatización impulsada por el expresidente del PP, Eduardo Zaplana, proceso por el que está a un paso de ser juzgado por los presuntos delitos de blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.

El Gobierno valenciano notificó en septiembre del año pasado a las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que no renovará los contratos una vez finalizada su vigencia.

Según la memoria económica para la creación de la nueva mercantil, la razón fundamental que avala este modelo de gestión directa “es la mejora en la calidad y coste del servicio que presta la Generalitat de la que se deberán beneficiarse todos los usuarios del mismo”.

En este sentido, “el incremento experimentado en este servicio en los últimos 25 años hace que, en estos momentos, se trate de un servicio público de una repercusión enorme en cuanto a su llegada a amplias capas de la población que deben utilizarlo”. Junto a ello, “se presenta el superávit que genera actualmente el servicio y que, en este momento, es la fuente de los beneficios obtenidos por las empresas concesionarias”.

Por ello “la creación de una nueva entidad y la adscripción del servicio a la misma permitirá, con dichos recursos, plantear y conseguir el doble objetivo de obtener nuevas mejoras e inversiones en el servicio de forma que mejore la calidad en el mismo al tiempo que reducir la tarifa que soportan los usuarios”.

En cuanto a la situación de los empleados, la memoria establece que “la reversión de los diferentes lotes de concesión de ITV dará lugar a la subrogación de la mayor parte del personal contratado por las sociedades concesionarias”.

Dicha subrogación del personal por el nuevo ente gestor “supone entre otras actividades, una auditoria de personal donde se compruebe la antigüedad de las contrataciones realizadas por las concesionarias y se proponga, bajo los principios de eficacia y eficiencia, una nueva estructuración de la plantilla existente”.

Lo anterior conllevará ineludiblemente “la propuesta de prejubilaciones, readaptaciones al nuevo puesto de trabajo y la constatación de los contratos laborales que se hayan celebrado en el periodo que comprende los tres años anteriores al vencimiento de la concesión, para, si se considera oportuno, proceder a la eliminación o no del puesto”. El personal que finalmente deba subrogar la nueva entidad “es de carácter laboral dado que proviene de empresas privadas”.

Según la información “suministrada por los concesionarios, se observa la existencia de 999 contratos laborales”. Por lo tanto, “el análisis a realizar previamente a la recepción de las concesiones versará sobre la situación del personal laboral y la propuesta de un convenio colectivo a aplicar a todo el personal de las estaciones de ITV a gestionar”.

Economía estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

Las empresas concesionarias presionan para retener el servicio

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha emprendido esta semana una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes para trasladarles su rechazo al decreto-ley de la Generalitat para la reversión a gestión pública a partir de 2023, una norma que se ha convalidado en el pleno de este jueves.

A su juicio, este decreto carece del carácter de urgencia y es necesario un modelo de gestión que garantice la eficiencia del servicio y no implique un mayor coste para los contribuyentes. “Las razones expuestas para justificar el cambio de modelo de gestión, apelando a la urgencia, son claramente inconsistentes”, subraya Aecova.

La entidad, que representa a las empresas concesionarias de los siete lotes para la gestión de las ITV en la Comunitat Valenciana, afirma que el Consell era plenamente conocedor de la fecha en la que finalizan los contratos concesionales y que, por tanto, “no se produce ninguna circunstancia imprevisible que explique el procedimiento legislativo de urgencia”.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

El caso Erial, en el que está investigado y al borde del banquillo el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El pasado 2 de junio se hizo público que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València dictó el auto de procedimiento abreviado del 'caso Erial' cuyo principal protagonista es el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

La instrucción del 'caso Erial', nacido de la documentación que intervino la UCO en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', detectó la presunta fortuna del exministro Zaplana en el extranjero (concretamente en Luxemburgo y Panamá). El expresidente de la Generalitat Valenciana aterriza en el banquillo de los acusados con un panorama complicado tras la confesión clave de su blanqueador, el uruguayo Fernando Belhot, y la posterior entrega del botín (5,7 millones de euros). 

El empresario Vicente Cotino también figura como procesado en la causa, una trama de corrupción nacida de la presunta comisión millonaria por la privatización de las ITV durante los primeros años de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. También está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas.