“Admitir a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación ciudadana Per l'Horta, sobre contratos administrativos, contra la resolución descrita en el antecedente de hecho único, figurando como parte demandada la Autoridad Portuaria de Valencia, sin perjuicio de lo que resulte del expediente administrativo”.
La sección 5 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncia así sobre la denuncia impulsada por la mencionada organización en nombre de la Comissió Ciutat Port, plataforma vecinal y ecologista contraria a la ampliación norte del Puerto de València.
La entidad denunció el acuerdo de la APV del pasado 22 de diciembre de 2023, por el que se aprobó la convocatoria de la licitación de las obras de ampliación del muelle de contenedores por un importe de 660 millones de euros. Además, la plataforma ciudadana ha solicitado también la suspensión cautelar de la tramitación administrativa de la licitación de las obras argumentando que, de no hacerse así, se podría llegar a adjudicar unas obras cuyo proyecto está también recurrido y porque, además, se posibilitaría la adjudicación de un contrato que luego no pudiera iniciarse, o ejecutarse y que si hubiera que paralizar las obras, podría implicar el abono de posibles indemnizaciones.
Según la Comissió Ciutat-Port, de llegar a iniciarse las obras y previendo que el proceso judicial pudiera dilatarse, podrían provocarse daños irreversibles en las playas del Sur e incluso en el Parque Natural de la propia Albufera.
En este sentido argumentan la existencia de diversos informes científicos, como los del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de València y el comité científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, que confirman que el fenómeno de regresión de playas –el mar cada vez más cercano al lago– es efecto directo de las ampliaciones del puerto.
“La evidencia científica impone la aplicación de la suspensión cautelar interesada y frenar la política de hechos consumados en la que está inmersa la APV”, recuerdan desde la Comissió Ciutat-Port.
La APV tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para oponer sus argumentos frente a la petición de paralización cautelar de la licitación, antes de que resuelva finalmente el TSJCV.
Portavoces de la Comissió Ciutat-Port insisten en que “la oposición ciudadana a la ampliación del puerto ha ido creciendo por los riesgos para la salud, el territorio y el medio ambiente que comportarían unas obras de ampliación portuaria que los datos actualizados de tráfico marítimo evidencian como innecesaria y que tan sólo acabaría siendo útil a la multinacional MSC, empeñada en una reconvención que le permita colonizar el puerto de Valencia en su exclusivo beneficio”.
Además de este contencioso, hay otros dos pendientes de resolución. El primero, también en el ámbito del TSJCV, sobre la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles, y el segundo, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la resolución del Ministerio de Transición Ecológica por la que se otorgó a la APV la condición de órgano sustantivo del proyecto en detrimento de Puertos del Estado, lo que le permite decidir sobre la necesidad de una declaración de impacto ambiental. En este último caso, se suspendió cautelarmente la mencionada resolución. Otra demanda, en este caso contra el traslado de la terminal de cruceros fue recientemente desestimada.