El juzgado de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido la medida cautelar solicitada por la Fundación Goerlich y ha suspendido la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de València a la empresa propietaria del inmueble del antiguo cine Metropol, que pretende demoler el edificio por completo para levantar en su lugar un hotel.
Según ha explicado a elDiario.es Andrés Goerlich, portavoz de la Fundación, ha explicado que se ha aceptado la suspensión cautelar del permiso, lo que en la práctica paraliza el derribo del edificio hasta que haya una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión que no es otro que la legalidad de todo el procedimiento administrativo llevado a cabo por el Ayuntamiento, tal y como ha avanzado Las Provincias.
Entre los motivos que expone Goerlich por los que considera que ha habido irregularidades que invalidan la licencia explica que se solicitó la declaración del inmueble como Bien de Relevancia Local pero que no se dio trámite al expediente, por lo que se ha otorgado sin que el Ayuntamiento se haya pronunciado al respecto.
Además, afirma que aunque está dividido en dos puertas, la 7 y la 9 de la calle de Hernán Cortés, en realidad se trata del mismo puesto que comparten elementos como la cubierta y estructura. Sin embargo así como la escalera 7 sí que está protegida, no así la 8: “Para realizar el derribo van a tocar elementos protegidos porque en realidad todo forma parte de la misma unidad”, explica.
Por otra parte, “en los diferentes procedimientos hay informes partidarios de los derribos, pero otros que son contrarios y que no se han incluido en el expediente”.
La plataforma Salvem el Metropol creada para tratar de frenar la demolición del edificio recuerda que acogió reuniones de Hemingway, Orson Wells o Miguel Hernánez y en su día propuso que se habilitara en su lugar la nueva sede de la Filmoteca Valenciana.
Un dictamen el Comité Técnico de Expertos de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez publicado en junio del año pasado recomendaba al Ayuntamiento que declare el edificio como Bien de Relevancia Local al considerarlo “un lugar de la memoria democrática”, por lo que recomienda que se conserve la fachada original diseñada por Javier Goerlich e inaugurada en 1932.
Según el documento, “se trata de un espacio de singular relevancia local desde el punto de vista histórico y simbólico, vinculado a los valores democráticos representativos de la II República y la reivindicación de València como su capitalidad, que tiene que tener la consideración de bien de relevancia local, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano y el arte. 4.1 y 3 de la Ley 9/2017, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano”.
El Gobierno valenciano renunció finalmente a la compra del edificio, pese que a fue una de las propuestas validadas en los presupuestos participativos de la Generalitat. El inmueble es propiedad de la promotora Metrolevante SL, que ya en 2012 realizó la rehabilitación de la fachada, por lo que el Ayuntamiento ha dado trámite a la solicitud de licencia por parte la empresa para llevar a cabo un hotel de 54 habitaciones con parking subterráneo.