La incertidumbre jurídica sobre la viabilidad de la ampliación del Puerto de València no hace sino crecer a medida que pasan los días y avanza la tramitación de los diferentes recursos planteados.
En este sentido, Acció Ecologista-Agró en nombre de la Comissió Ciutat-Port presentó recurso contencioso administrativo el pasado 16 de enero contra la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APV) celebrado el 2 de diciembre de 2022.
En respuesta a este recurso, la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitió a trámite el recurso de la Comissió Ciutat-Port a mediados del pasdo mes de febrero y le dio de plazo hasta el próximo 26 de junio para que presente la correspondiente demanda.
La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada por colectivos vecinales y ecologistas, considera esta infraestructura “innecesaria y lesiva para el medio ambiente, además de destinar ingentes recursos públicos que se detraen de necesidades más acuciantes y de devaluar la imagen de la ciudad”.
No es la única denuncia que se ha presentado en el juzgado contra este polémico proyecto. El consejero de la propia Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón, de Compromís, ha presentado otro recurso en el contencioso administrativo al considerar que la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 no es válida para dar cobertura al nuevo proyecto, que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que retira a la APV la condición de órgano sustantivo paraliza toda la tramitación administrativa, y que el proyecto se aprobó antes de dar respuesta al informe de Costas que plantea 21 objeciones.
Terminal de cruceros
La Comissió Ciutat-Port también presentó recientemente la correspondiente demanda contra la aprobación sin informes ambientales del traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual, en el dique norte, alejada por tanto del casco urbano, a los antiguos astilleros de Boluda, junto a los Poblados Marítimos.
La construcción y explotación de la nueva infraestructura se adjudicó mediante una concesión de 35 años ampliable a 50 a Baleària y tanto el representante de la vicepresidencia de la Generalitat en manos de Compromís, Iván Castañón, como el alcalde de València, Joan Ribó, votaron en contra.
El traslado de la terminal viene propiciado por los cambios introducidos en el polémico proyecto de ampliación norte y por lo tanto no han sido evaluados por la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007, cuestionada ahora por una suspensión cautelar del TSJ de Madrid.
El escrito de la demanda, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que en la documentación ambiental incluida por la propia Baleària en su oferta se señala la existencia de doce actividades vinculadas a la terminal generadoras de contaminación atmosférica (fuentes de contaminación). Además, se califican como “significativos” los impactos de contaminación atmosférica que produce el consumo de combustible de buques, la emisión de gases de combustión de buques, el transporte de mercancías rodadas y el transporte de combustible y pertrechos para el buque.