Miles de personas claman en València contra la ampliación del Puerto de València: “No, no, no, no volem més port!”

“No, no, no a la ampliació! (no, no, no, no a la ampliación)”, o “no, no, no, no volem més port! (no, no, no, no queremos más puerto)”, son algunos de los cánticos que se han entonado este viernes por la tarde en la multitudinaria manifestación contra la ampliación del Puerto de València que ha arrancado a las 18.30 horas desde el Paseo de la Alameda de València, a la altura del Puente de las Flores.

Miles de personas han participado en la movilización convocada por la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista opositora al proyecto, en un ambiente reivindicativo festivo con pancartas con lemas como “dret a respirar aire net (derecho a respirar aire limpio)”, “derecho a la salud” o “menys port, més Albufera (menos puerto, más Albufera)”.

Entidades vecinales, ecologistas, sindicatos, particulaes y partidos de izquierdas como Compromís o Podemos han dejado patente su rechazo a la actuación por sus repercusiones ambientales, ya visibles en las playas de Pinedo y El Saler, sometidas recientemente a una regeneración que ha supuesto un coste de 28 millones de euros, de los que la Autoridad Portuaria (APV) no ha aportado ni un euro. Además, en futuro podría poner en peligro la Albufera y colapsar aún más los accesos al recinto portuario, con el aumento de las emisiones que conlleva.

El portavoz de la Comissió Ciutat-Port, Francesc Herrera, se ha mostrado muy satisfecho con la alta afluencia de manifestantes en la tercera protesta que convoca el colectivo: “Estamos muy contentas, vamos cruzando el Puente de la Exposición y aún no ha arrancado la cola que está en la plaza de Zaragoza. La administración debe tomar nota y recapacitar. Deben parar el proceso de licitación como mínimo hasta que Puertos del Estado se pronuncie como órgano sustantivo sobre los informes ambientales, que aún no lo ha hecho. Por lo tanto estamos en un proceso que no tiene los documentos necesarios para seguir adelante. Solicitamos la retirada completa del proyecto, la eliminación del dique norte y la reversión de la zona de actividades logísticas (ZAL)”.

El presidente del comité de empresa de la terminal pública de contendores CPS, Julián Pérez, también ha asistido a la protesta, según ha asegurado, porque “esta ampliación es innecesaria, injustificada y va a destruir empleo”. Pérez ha asegurado que los estudios económicos y laborales de la APV “no son ciertos, va a haber destrucción de empleo y queremos que hagan un estudio real sobre el impacto de la nueva terminal en el empleo”.

Néstor Banderas, de 33 años, y Lara Sanmiguel, de 29 años, son de València y han asistido a la manifestación como particulares, es decir, no pertenecen a ningún colectivo. Según Banderas, “parece que la ampliación no está avalada por los informes de evaluación ambiental necesarios, se trata de un modelo económico depredador que no tiene en cuenta la agenda 2030 y este objetivo de crecimiento hasta el infinito no es la línea a seguir como sociedad”. Por su parte, Sanmiguel afirma que “el nivel de tráficos del Puerto de València fue inferior con respecto al año anterior, con lo cual es una ampliación innecesaria y por lo tanto, crecer por crecer no tiene ningún sentido ni económico ni de sostenibilidad”.

Este viernes se ha conocido que el organismo portuario ha propuesto la adjudicación del proyecto constructivo de los muelles sobre los que se asentará la futura terminal a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Construcción, S.A.; Jan de Nul NV; y Grupo Bertolín, S.A.U. Eso a pesar de que los juzgados no se han pronunciado aún sobre la validez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007, cuyos parámetros no se ajustan a los del nuevo proyecto.

Como informó elDiario.es, en total son seis los informes o pronunciamientos que se han emitido hasta ahora y ninguno de ellos ha avalado la validez de la DIA, más bien al contrario. A todos ellos se une la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado la capacidad de la APV para decidir si es necesaria una nueva DIA, al devolver a Puertos del Estado la condición de órgano sustantivo del proyecto.

Precisamente, la Comissió Ciutat-Port informó este viernes de que la sentencia ha cobrado plena firmeza puesto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo previsto, por lo que es de obligado cumplimiento tanto para la APV como para Puertos del Estado.

La entidad ha exigido a Puertos del Estado que deje de eludir sus responsabilidades y se pronuncie de forma pública y razonada acerca de la necesidad de evaluación ambiental de una obra con efectos significativamente adversos en el medio ambiente y que difiere sustancialmente del proyecto original.