Con el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno del PSOE y Sumar recién nombrado, ya hay un primer tema estratégico que debe pasar en las próximas semanas por el órgano ejecutivo que divide a los socios de izquierdas. Se trata del proyecto constructivo de los nuevos muelles de la ampliación norte del Puerto de València, que supone una inversión pública de 543 millones de euros, un presupuesto que tiene ya más de un año de vigencia y que por lo tanto no incluye el importante incremento del precio de los materiales de obra.
Mientras los socialistas, presionados por los empresarios y por la derecha que ahora gobierna en la Generalitat Valenciana y en el Ayuntamiento, tratan de sacar adelante el proyecto que por ley requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, al superar los 12 millones de euros de inversión, Sumar se opone frontalmente al considerar que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 con la que se le quiere dar cobertura no es válida, habida cuenta de las modificaciones que ha sufrido el proyecto inicial y que serían incompatibles con los parámetros que marca la propia DIA.
Y en esa oposición de Sumar está tanto la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien antes de las pasadas elecciones autonómicas se desplazó a València para comprobar in situ los efectos nocivos del dique norte en las playas del Parque Natural de la Albufera, como Compromís, que siempre ha abanderado esa oposición en la Comunitat Valenciana. En aquel momento, Díaz ya advirtió: “Si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en València no puede salir adelante”.
Este mismo miércoles, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, remarcó que Sumar “presionará desde todos los frentes, también desde el Consejo de Ministros”, para impedir la ampliación del Puerto de València y apeló directamente a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que niegue la declaración de impacto ambiental y evite un nuevo caso Castor que acabe causando perjuicios económicos a Estado.
“Nos sorprende esta cuestión porque conocemos la posición del Ministerio de Transición Ecológica, que se ha negado siempre a firmar una nueva declaración de impacto ambiental favorable. Suponemos que la ministra Ribera, que es una persona que tiene conciencia ambiental, no va a querer que la ampliación del puerto de València conlleve que haya hormigón en la costa valenciana, poner en riesgo la Albufera de València, poner en riesgo las playas del sur y colapsar de camiones nuestra ciudad”, dijo.
En este sentido, a preguntas de elDiario.es, desde el Ministerio de Transición Ecológica afirmaron que no se han pronunciado sobre la validez de la DIA de 2007 porque es competencia de Puertos del Estado, organismo que depende del Ministerio de Transportes que ahora dirigirá el nuevo ministro Óscar Puente.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó este miércoles en una entrevista en À Punt que el Consejo de Ministros aprobará “en breve” la ampliación del Puerto de València, aunque por las posiciones hechas públicas por Micó, de aprobarse será con los votos en solitario de los ministros del PSOE.
A principios del presente año ya hubo un intento de pasar la ampliación portuaria por el Consejo de Ministros pero finalmente no llegó a entrar en el orden del día por la oposición de Podemos. A esto se añade la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que de forma cautelar traslada la condición de órgano sustantivo que tenía la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Puertos del Estado, lo que implica que es este último organismo el que debe garantizar mediante un informe motivado que la DIA de 2007 es válida para el nuevo proyecto. La aprobación del proyecto constructivo de los muelles en el consejo de administración de la APV también está pendiente de resolución judicial.