Las últimas medidas adoptadas en materia de movilidad por el Gobierno municipal del PP y de Vox en València, unidas a otras que se han anunciado en la línea de revertir parte de las políticas que han priorizado en los últimos años al peatón, al transporte público y a la bicicleta, no han pasado desapercibidas para el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, en un momento en el que la ciudad ostenta la capitalidad verde europea.
En la rueda de prensa de este martes posterior al Consejo de Ministros apuntó directamente a la capital valenciana y a Elche como ejemplo de ciudades en las que se está tratando de ofrecer resistencia a las políticas que implementa el Gobierno para favorecer la movilidad sostenible y la reducción de emisiones derivada del tráfico rodado (ver vídeo).
Preguntado sobre las medidas que tiene previstas el Gobierno para favorecer la descarbonización en las ciudades más allá de las zonas de bajas emisiones (ZBE), Puente comentó que se están invirtiendo hasta 1.500 millones de euros en la implementación de estas ZBE, y sin embargo ayuntamientos como Valencia, Logroño, Elche o Valladolid están revirtiendo las actuaciones en movilidad sostenible, como los carriles bici, por cuestiones ideológicas.
“Lo que no sucede en ningún país de la Unión Europea salvo en España es que una vez se ha construido un carril bici se destruya para devolverle este espacio al coche y eso está pasando en València, en Logroño, en Elche y en Valladolid. Eso tiene un nombre, se llama coalición entre PP y Vox, se llama introducir a la extrema derecha negacionista en los gobiernos, se llama convertir la salud en un objeto de disputa política, cuando la salud no tiene color político. Los pulmones de los ciudadanos, de todos, de los de izquierdas y de los de derechas, son los mismos y se benefician de un aire limpio por igual”, dijo.
El ministro añadió: “Lo tengo que decir con mucho pesar, me va a tocar verme con muchos alcaldes. Dentro de poco, en unos días iré a ver a la alcaldesa de València y se lo tengo que decir. No es de recibo que todo lo que hemos conseguido en los últimos años en materia de movilidad sostenible se destruya ahora por este tipo de coaliciones”.
La alcaldesa del PP, María José Catalá, respondió a través de sus redes sociales que en València no se han eliminado carriles bici y pidió una rectificación al ministro.
Si bien es cierto que en València hasta ahora no se ha eliminado ninguno de los carriles bici construidos en la etapa del anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV, también lo es que el actual bipartito del PP y de Vox ha anunciado una auditoría de todos los carriles de bici de la ciudad con un coste de 16.800 euros “con la idea de detectar las problemáticas que puedan comprometer la seguridad y proponer soluciones a corto y medio plazo” que pasarían por eliminar o reubicar los “problemáticos”, entre los que señalaron el de la Gran Vía Fernando el Católico o algunas intersecciones del anillo ciclista en la calle de Colón.
Por otra parte, como informó este diario, tras los cambios en movilidad introducidos en el centro de València desde el pasado día 12 de diciembre, ha aflorado un importante incremento de las circulaciones. En concreto, se abrió la calle de Colón para vehículos privados desde la plaza de la Porta de la Mar, eliminando un carril de la EMT en favor del vehículo privado, y se desviaron cinco líneas de esta vía a las calles de la Paz, Poeta Querol y San Vicente-Plaza del Ayuntamiento.
Según los últimos datos, comparando los de enero de 2024 con los de 2023, tanto en Colón (que pasa de 4.774 a 7.335 vehículos en su inicio, y de 10.774 a 11.372 en su desembocadura), como en La Paz (8.580 a 10.287), Poeta Querol (7.773 a 7.846), Xàtiva (19.643 a 26.267), Lauria (4.024 a 5.047) o Hernán Cortés (3.301 a 3.800); en todas las calles directamente afectadas por los cambios el tráfico ha aumentado.
Otro ejemplo de las resistencias a las que alude Óscar Puente es la negativa del Gobierno municipal del PP y de Vox a aplicar restricciones a los vehículos más contaminantes a través de las zonas de bajas emisiones (ZBE) puesto que finalmente se ha utilizado como tal el Área de Prioridad Residencial (APR) del centro histórico, una pequeña zona controlada por cámaras a la que tan solo pueden acceder vecinos, comerciantes o usuarios de plazas de garaje, algo que nada tiene que ver con el paso de vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento, además, ha descartado utilizar las mediciones de calidad del aire de expertos de la Universidad Politécnica en la aplicación de las ZBE, ya que implicaría mayores restricciones.
Compromís lleva a Europa el caso de Elche
En octubre del pasado año, la portavoz del grupo municipal de Compromís en Elx, Esther Díez, registró una solicitud ante el Comité de Peticiones de la Unión Europea para reclamar que se repongan los carriles bici suprimidos por el gobierno municipal de PP y Vox. Según Díez, “la eliminación de estos carriles bici pervierte toda la ampliación posterior que se ha sufragado con fondos europeos. Si bien es cierto que estos dos tramos se hicieron con fondos municipales, las ampliaciones que continuaron sí se han sufragado con el dinero de los contribuyentes europeos y quiero recordar que a esos 700 metros de la calle de Juan Carlos I, le continuaron 1,5 kilómetros en la avenida de Alicante con un coste de 358.000 euros, de los cuales el 50% han sido sufragados por la Unión Europea a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible que consiguió el anterior gobierno local progresista”.