La alcaldesa de València, María José Catalá, ha hecho actualización de la situación del nuevo estadio del Valencia CF, un asunto que además está vinculado a la posibilidad de que la ciudad sea una de las sedes del Mundial de 2030.
Sin embargo, por las palabras de Catalá, esta opción cada vez se complica más habida cuenta de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) necesita tener la relación de posibles sedes que se comprometen a cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA en el mes de abril a más tardar, salvo que se articule una prórroga.
En el caso de València, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat firmaron la documentación requerida por la FIFA, pero no así el club, tutelado por el máximo accionista Peter Lim, que afirmó que no podía asumir los compromisos relativos a la construcción del nuevo estadio sin antes tener aprobado todo el planeamiento urbanístico que le permitiría obtener parte de los recursos económicos necesarios.
En cuanto la situación del coliseo, a preguntas de elDiario.es sobre el estado de la auditoría para determinar el coste de las obras, de la licencia para reiniciarlas y de la aprobación de las fichas urbanísticas (planeamiento), Catalá ha comentado: “La licencia se está tramitando, la auditoría se acordó en una comisión informativa recientemente y tenemos que ver cómo articulamos un contrato para encargarla a un externo, tal y como se acordó, y las fichas urbanísticas no se van a aprobar en este pleno y será difícil que se aprueben en el siguiente”.
En el caso de las fichas, la parte más importante para desatascar la situación, el problema estriba en que el PP carece de la mayoría (17 concejales de 33) necesaria para sacarlas adelante, ya que sus socios de Gobierno de Vox, con cuatro concejales, se han opuesto frontalmente a otorgar al club cualquier beneficio mientras Lim sea el máximo accionista. Tampoco Compromís y el PSPV se han mostrado partidarios de aprobarlas, pese a ser las mismos que ellos tramitaron en el Gobierno, entre otros motivos porque consideran que el nuevo estadio proyectado no cumple los mínimos exigibles y porque retrasar la firma del convenio al inicio de las obras implica asumir ese proyecto.
En virtud de estas fichas el Valencia CF recuperaría los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap, y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez haya finalizado las obras del nuevo estadio. Todo ello sujeto también a lo que dictamine la Justicia sobre la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).