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Naciones Unidas evita el desahucio de Lola y de sus dos niñas: “La vivienda está por las nubes, no duermo de la ansiedad”

Lola junto a una de sus hijas.

Carlos Navarro Castelló

23 de abril de 2024 23:00 h

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“De conformidad con el artículo 5 del protocolo facultativo, el Comité, por intermedio del Grupo de Trabajo sobre comunicaciones, ha solicitado al Estado parte tomar medidas para evitar posibles daños irreparables mientras su caso está siendo examinado por el Comité, consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda en la cual la autora y sus hijas actualmente habitan o alternativamente otorgándoles una vivienda adecuada a sus necesidades”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se expresa así en un escrito por medio del que solicita al Estado español la suspensión del desahucio que estaba previsto para este miércoles de Lola, una mujer de 29 años con dos hijas de 6 y 3 años residentes en València.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València elevó al mencionado organismo una denuncia para solicitar su intervención con medidas cautelares ante la decisión del juzgado de ordenar el mencionado lanzamiento a instancias del fondo Promontoria Coliseum. La respuesta se obtuvo este mismo lunes 22 de abril de 2024 y ya se ha dado traslado al juzgado por parte del abogado de oficio de la familia, que a última hora de este martes paralizó durante dos meses el procedimiento.

La PAH de València explicó la situación y la solicitud de vivienda de la familia al Ayuntamiento de València y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) dependiente del Gobierno valenciano. Ante esta situación, la PAH exige que se cumpla el derecho internacional, recordando que España ratificó en 2010 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, y que el Gobierno de España consideró una excelente noticia la entrada en vigor de este instrumento internacional. Y que, por tanto, ante la primacía del derecho internacional y europeo, se suspenda el desahucio previsto para este miércoles o se le ofrezca de inmediato una vivienda que pueda constituir el hogar de esta familia.

Al respecto, desde el Ayuntamiento de València han informado a elDiario.es que “ha estado acompañada y asesorada en todo momento por los técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento” y que ha pedido “en vía de urgencia una vivienda” cuya adjudicación puede ser “inminente”. De hecho, también a última hora de este martes se confirmó la disponibilidad de una vivienda municipal.

“La vivienda está por las nubes”

El caso de Lola es uno de los muchos que se dan a lo largo y ancho de la geografía valenciana y española. Vive en un piso ubicado en la zona de Zapadores de València en el que pagaba un alquiler social de 116 euros a Solvia. Sin embargo, todo cambió cuando en el año 2020, con la pandemia en plena irrupción y embarazada de su segunda hija, la vivienda pasó a manos de Promontoria Coliseum: “Me mandaron una carta en la que me avisaban que me daban un año para abandonarla. Entonces empezaron a acosarme con continuas llamadas y me ofrecieron dinero para que la dejara, pero tal y como están los precios es inviable que pueda pagar un alquiler. Vivo en un estado de tensión y ansiedad continuo, no puedo dormir por las noches”.

La afectada explica que desde entonces ha conseguido aplazar el procedimiento hasta que finalmente, el pasado mes de febrero se produjo el juicio y la posterior sentencia por la que se determina la orden de lanzamiento. Lola cobra actualmente la renta valenciana y reconoce que en la actualidad no está pagando alquiler, pero asegura que está dispuesta a hacerlo siempre y cuando se ajuste a su situación económica. Además está buscando trabajo de forma activa a través de los mecanismos que establece la propia renta: “Estoy esperanzada en conseguir un trabaja que es lo que quiero, ya me han hecho varias entrevistas”.

Sobre su situación, asegura que es angustiosa ya que “no sé lo que pasará este miércoles, he pedido viviendas sociales al Ayuntamiento y a la Generalitat”. Aunque sus padres viven en otro piso, asegura que “los dos tienen problemas de salud y su vivienda es muy pequeña para los cinco”. Según Lola, “la vivienda está por las nubes y los sueldos por los suelos, esto es una bomba que va a explotar en cualquier momento porque las administraciones no dan respuestas reales”.

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