“No es justo y carece de toda lógica que el hospital La Fe de València pague cada año 2 millones de euros por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y que la Casa de la Salud, por estar vinculada a la Iglesia, esté exenta del pago de 150.000 euros anuales, que es lo que le correspondería abonar”.
Con este ejemplo tan gráfico explicó este miércoles el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, el sentido de la nueva iniciativa que va a impulsar el Ayuntamiento de València para tratar de cobrar este impuesto al Arzobispado, “siempre por las actividades económicas que supongan una competencia con otras del mismo sector que sí se ven obligadas a abonarlo”.
En ningún caso, tal y como afirmó el edil, se girarán recibos por edificios de culto ni tampoco por locales en los que se desarrollen actividades sin ánimo de lucro.
Según Sanjuán, en virtud del artículo 15 de la ley de mecenazgo que regula estas exenciones fiscales, el Ayuntamiento deja de recaudar cada año 4,3 millones de euros, de las que entre un 40% y un 50% corresponderían a inmuebles de la Iglesia en las que se desarrollan actividades económicas con ánimo de lucro a las que se girarían los recibos.
Para hacerlo posible y con garantías, en la línea de lo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, el titular de Hacienda solicitará un informe al Jurado Tributario de València que avale jurídicamente el cobro del tributo, basándose en una sentencia del Tribunal de Jusiticia Europeo que considera las bonificaciones tributarias a actividades económicas, sean quienes sean sus titulares, como ayudas de Estado ilegales, al generar una competencia desleal entre las que reciben esas exenciones, en este caso la Igelsia, y las que no.
“Si el informe confirma lo que dice la normativa europea en este sentido y avala el giro de los recibos, se remitirán en la campaña de recaudación del año que viene”, comentó Sanjuán.
Además, elevará una moción al pleno municipal para solicitar al Gobierno la modificación de la ley de mecenazgo con el objetivo de que se adapte a la normativa europea y permita a los ayuntamientos repercutir el IBI a la Iglesia con mayor seguridad jurídica.
No es la primera vez que el Ayuntamiento trata de cobrar este tributo a los inmuebles del Arzobispado en los que se desarrollan actividades que le generan beneficios económicos.
El antecesor de Sanjuán en el departamento de Hacienda, el fallecido Ramón Vilar, ya remitió por primera vez en el año 2019 seis recibos por un valor de un total de un millón de euros a entidades dependientes del Arzobispado en cuyos locales se desarrollan actividades económicas tras la elaboración de un minucioso estudio para detectarlos. Sin embargo, recurrieron acogiéndose a la mencionada ley de mecenazgo y finalmente no pagaron.
En concreto, se giraron con cargo a las sedes de la Universidad Católica, ubicadas en la calle de Corona, en la calle de Quevedo, entre Guillem de Castro y Paseo de la Pechina y en Jorge Juan. También al hospital de la Casa de la Salud que ocupa una manzana entera en la avenida de Manuel Candela, con titularidad de las religiosas de Santa Ana. El recinto sanitario facturó en 2018 en torno a 32 millones de euros.
Otro de los inmuebles por los que se remitió el recibo es el ubicado en el cruce de la avenida de Guillem de Castro con la calle de Balmes. Allí se ubica el convento de la Encarnación de las Carmelitas calzadas que data del año 1502.
Por su condición de edificio de culto y residencial de las monjas, está exento del pago del IBI. Sin embargo, alquila sus bajos a cinco empresas y una parte importante del inmueble (bajo más plantas) al Quart Youth Hostel, por lo que los técnicos entienden que deben abonar la parte proporcional correspondiente a los bajos comerciales y a la zona del edificio dedicada a uso hotelero.
La archidiócesis de València recaudó en el año 2017 un total de 2,1 millones de euros en concepto de ingresos por patrimonio y actividades económicas por las que no tributó, tal y como muestran las cuentas publicadas por eldiario.es. Estos ingresos corresponden en su mayoría a alquileres de inmuebles por los que la Iglesia no abona a día de hoy el IBI.