“Vemos necesario este Plan de Choque porque detectamos una enorme emergencia habitacional, una necesidad ineludible de vivienda causada por diversos factores, además de los desahucios”.
Así se pronunció este lunes el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, José Luis González, en la presentación del documento remitido a los partidos políticos que tiene por objetivo garantizar la vivienda a miles de familia que se están viendo asfixiadas por el aumento de los alquileres y de las hipotecas, especialmente las de tipo variables.
Según el documento, sigue habiendo una gran cantidad de desahucios (11.776 entre 2021 y 2022, a pesar del escudo social) y un aumento de familias con graves problemas para hacer frente a impagos de cuota hipotecaria o de alquiler: “Algunas empobrecidas, si bien aparecen otras con pensiones o ingresos de trabajo, o por cierre de negocios de autónomos o de pequeña empresa”.
Además, existe una gran cantidad de procedimientos judiciales pendientes de resolverse en los juzgados, en concreto, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Comunitat Valenciana se han presentado 8.955 procedimientos entre 2021 y 2022.
A todo esto se une la reiterada petición durante años de vivienda pública: “A fecha de enero de 2023, hay 13.356 familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública de la Comunitat Valenciana, pendientes de poder acceder a la mayor brevedad posible a ella”.
Según el plan presentado, esta emergencia habitacional puede aumentar, al menos por los siguientes factores: “las enormes dificultades de acceso a la vivienda tanto por la subida de los precios de alquiler (un 16% en diez años) como por el 42% de subida del precio de las viviendas en este mismo periodo, a los que se añade el aumento del euríbor para créditos con interés variable, al subir los tipos por la inflación y guerra de Ucrania”.
A esto se une el fin tanto del “escudo social” el 30 de junio de 2023, que si bien ha frenado miles de desahucios, ha sido insuficiente para impedir los 11.776 desahucios del periodo 2020 al 2021 según datos del CGPJ (datos agregados), como el fin de la moratoria iniciada en 2012 que finaliza el 15 de mayo de 2024 y que afecta a miles de hogares.
En cuanto al contenido del plan, el objetivo es “la eliminación de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y la búsqueda viviendas a familias que carecen de un techo donde vivir”.
Entre las medidas propuestas destaca “poner en marcha un programa que permita asumir la titularidad de la firma de contratos de alquiler con la propiedad de las viviendas -sobre todo fondos buitre- por parte de la Generalitat y ayuntamientos y que permita a las familias que habitan en la vivienda subrogarse en el mismo”.
Además proponen la adopción urgente de tres medidas para no aumentar la emergencia habitacional: “la firma urgente con la Sareb de los contratos de alquiler pendientes; la búsqueda de soluciones cuando haya habido impagos y la regularización de las ocupaciones de buena fe; créditos blandos con condiciones y extraordinarios para colectivos (mayores...) con ingresos que pueden devolver para no perder vivienda propia o alquilada; y ampliación y mejora del escudo social y de la moratoria de la Ley 1/2013”.
Exigen también “un compromiso de aumentar el parque público al 5% de viviendas principales durante este período”. En el primer año, “con la presentación en les Corts de una planificación con memoria económica, señalando demandas a satisfacer -primero las de emergencia habitacional- y aumento del derecho subjetivo, como la concreción de partidas presupuestarias (compra, tanteo y retracto o rehabilitación) propias y estatales.
Respecto a las posibilidades de construcción de nuevas viviendas, “acordar unos planes con la finalidad de satisfacer la demanda de necesidad no especulativa de vivienda de alquiler, desarrollando mecanismos de uso de las viviendas ya existentes (vacías, pisos turísticos ilegales, rehabilitación..)