El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València y presidente de la sociedad anónima municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), Juan Giner, informó este miércoles de que “se va a convocar un Consejo de Administración, para el próximo viernes 26 de enero, para abordar de manera completa los alquileres asequibles de las viviendas municipales que le corresponden a esta empresa municipal”.
Como informó elDiario.es, este mes de enero, la empresa pública sin previa comunicación escrita a las 500 familias que tiene como inquilinas, ha procedido a cobrar el alquiler de las viviendas aplicando una subida del 15%, 25% y 35%, más el 3% en caso de renovación del contrato de arrendamiento.
Tal y como explicó el secretario de la asociación de inquilinos de vivienda pública de la Comunitat Valenciana, Ximo Mora, la asociación “firmó en el año 2013, con el último gobierno de Rita Barberá, un acuerdo con Aumsa que gestiona el parque de viviendas, por el que se reducía el precio del alquiler para hacerlo asequible y que fuera aproximadamente el 30% de la renta de cada inquilino”.
Este acuerdo se fue renovando con los dos últimos gobiernos progresistas del Ayuntamiento, pero el actual equipo de Gobierno que ahora dirige la alcaldesa María José Català (PP), ha decidido no renovarlo después de finalizar el 31 de diciembre de 2023.
El secretario de la entidad aseguró que “esto causará un grave perjuicio económico a las 539 familias que viven en viviendas municipales, empobreciendo a los inquilinos, y perjudicando a las rentas inferiores al 3,5 IPREM, esto es familias cuyos ingresos totales van de los 1.000 a los 1.600 euros al mes las cuales deberán destinar más de un 50% a pagar el alquiler, lo que hace que deje de ser asequible”. Mora expuso la situación este miércoles en la comisión de urbanismo y asegura que Giner tomó conciencia del problema que se había creado.
El edil comentó que se había aprobado la moción alternativa por la cual se abrirá, a partir de la semana que viene, una oficina de atención a los inquilinos de estas viviendas y que “estudiará personal e individualmente las situaciones de aquellos inquilinos que lo necesiten, ya sea porque sus circunstancias han variado y se encuentren en mayor vulnerabilidad y así dar soluciones concretas de manera clara”.
El concejal recordó que “el nuevo equipo de gobierno, desde que llegó al Ayuntamiento, no ha dejado de trabajar en uno de los compromisos de la alcaldesa de València, María José Catalá, y que es el de poner a disposición de la ciudadanía, durante esta legislatura, más mil viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana”.
Pese a todo, Compromís y el PSPV no se fían de que se vayan a articular soluciones reales. La portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, criticó que el PP y Vox hayan aprobado una moción que sólo remite al próximo Consejo de Administración de Aumsa convocado para el viernes donde únicamente está previsto iniciar el procedimiento de revisión de la normativa del registro de demandantes y procedimiento de adjudicación de las viviendas promovidas y gestionadas por Aumsa.
Esto quiere decir, según Robles, que “no tienen ninguna intención de dar una solución a la situación de desamparo en la que han dejado a estas familias”. Por eso, exigió que se prorrogue, con fecha 1 de febrero de 2024 y durante un año, el convenio que ha venido funcionando entre Aumsa y sus inquilinos así como iniciar las negociaciones para un nuevo convenio. También propuso que este nuevo acuerdo para el próximo año incluya bonificaciones en el alquiler de viviendas, trasteros y plazas de garaje.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, criticó las continuas “incoherencias” de María José Catalá, quien mientras abre la puerta a regular los alquileres privados “pega un sablazo a los inquilinos de las viviendas públicas de Aumsa con un incremento de hasta el 50% de los alquileres”. Gómez se manifestó en estos términos después de que el PP rechazase en la comisión de Urbanismo la moción de los socialistas para rectificar y dejar sin efecto el incremento de los alquileres que puso en marcha el pasado mes de diciembre.
La responsable socialista incidió en la “falta de credibilidad” del gobierno de Catalá, que se ha negado a hablar de un problema que afecta a 500 personas y que, además, no ha dejado participar a los afectados en el debate propiciado por la moción de los socialistas. “No les han dejado estar porque, obviamente, no tenían nada que decirles porque lo único que ha hecho la señora Catalá es frenar cualquier medida regulatoria”, apuntó.
Gómez, además, sobre las declaraciones realizadas por el concejal de Urbanismo sobre que iba a analizar individualmente cada caso, se preguntó si lo que pretende el Partido Popular es “una especie de favoritismo o mirar quién tiene el carnet del partido para pactar una rebaja de la subida del precio de los alquileres”.
En este sentido, instó al gobierno municipal a explicitar “qué criterios se van a seguir para esa solución individual y personalizada. ¿Acaso lo que quiere el señor Giner y la señora Catalá es volver a repetir ese ridículo besamanos como el que hizo hace poco para la entrega de viviendas sociales?”.