Las cámaras que contralan los vehículos que acceden al Area de Prioridad Residencial (APR) del centro histórico de València y que sancionan a los que no están registrados siguen funcionando con normalidad y de hecho no se apagarán por completo, a pesar de que la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, se comprometió a dejarlas sin uso antes de las pasadas elecciones.
De hecho, la concejala socialista María Pérez ha exigido a María José Catalá que actúe con “transparencia y que no confunda con datos irreales a los valencianos y valencianas en materia de movilidad como está haciendo desde que accedió al Ayuntamiento de València”. Pérez se ha manifestado en estos términos tras constatar la jefa de servicio de la Concejalía de Movilidad que la modificación de la ORA que anunció Catalá va a suponer al consistorio la pérdida de cerca de 1,8 millones de euros “a pesar de que su concejal aseguró con rotundidad que no iba a tener ningún coste para el Ayuntamiento”.
“En las últimas semanas estamos asistiendo a una dinámica en la toma de decisiones en materia de movilidad que no beneficia en nada ni a la ciudad ni al debate. Desde el partido Socialista hemos comprobado que hay una distancia enorme entre lo que se anuncia por parte del gobierno y la realidad. Y dos ejemplos muy claros son la ORA, donde se anunció que el cambio no iba a costar nada y finalmente va a suponer la pérdida de casi dos millones de euros, y la APR de Ciutat Vella que Catalá dijo que iba a eliminar y que, sin embargo, en los primeros cuatro meses de su gobierno ha interpuesto 31.065 sanciones por un importe de 1,8 millones de euros”, ha explicado.
Sobre la ORA, Pérez ha especificado que el informe al que ha tenido acceso el Grupo Municipal Socialista y que está firmado por la jefa de servicio de Movilidad confirma que la merma de la recaudación por el cambio de horario será de 1,8 millones de euros, una merma del 22% del total. “Aunque el concejal de Movilidad afirmara de manera muy rotunda que su decisión iba a costar cero euros, lo cierto, como demuestra el informe de su jefa de servicio, es que ni sabía lo que iba a costar al Ayuntamiento ni sabía qué porcentaje representaba del contrato”, ha subrayado.
La edil ha advertido de que el contrato de la ORA reparte prácticamente al 50% la recaudación, por lo que el Ayuntamiento dejará de ingresar directamente casi 900.000 euros y ha mostrado sus dudas de que la empresa acepte perder un millón de euros al año sin ningún tipo de contraprestación. “Entre las falsas afirmaciones del concejal y la incompatibilidad de las cifras reales con el límite que establece el pliego para la modificación del contrato, le pedimos al PP que deje de engañar a la ciudadanía y diga si es posible realizar este cambio porque supera el máximo del 20% que establece el contrato”, ha añadido. Pérez ha acusado a Catalá de vender como un ahorro para los valencianos una medida que lo que realmente va a suponer es que todos los valencianos y valencianas vamos a subvencionar el aparcamiento en la zona azul a todos aquellos que vienen de fuera.
Finalmente, la edil socialista ha criticado el “engaño” del Gobierno de Catalá con la APR de Ciutat Vella, una iniciativa que anunció que iba a eliminar nada más entrar en el Ayuntamiento y que, por el contrario, ha mantenido para recaudar solo en cuatro meses más de 1,8 millones de euros.
“Fue uno de los caballos de batalla cuando estaban en la oposición y prometieron que cuando llegaran al Ayuntamiento apagarían las multas. Pero la realidad es bien distinta. Estamos de nuevo ante un ejemplo de las contradicciones dirarias en materia de movilidad, falta de visión y de seguridad para los vecinos. Si de verdad van a hacer cambios, que los expliquen. Que digan si esa nueva APR va a ser como la ZBE, de mínimos, sin objetivos concretos más allá de no molestar al coche y permitir que siga creciendo la contaminación”, ha incidido.