El pleno del Ayuntamiento de València que se celebró este martes en la sede de la Diputación de València vivió un debate en el que se puso de manifiesto las abismales diferencias en lo referido al cambio climático y a la forma de afrontarlo entre los partidos de izquierdas de Compromís y PSPV, que gobernaban anteriormente, y los de derechas y extrema derecha del PP y de Vox, que gobiernan actualmente. De hecho, se aprobó una moción para tumbar la que salió adelante en la anterior sesión por iniciativa de la socialista María Pérez en la que se pedía que se tuvieran en cuenta los estudios de la Universidad Politécnica sobre calidad del aire.
El tema de discusión era la aplicación de la zona de bajas emisiones (ZBE) que debería estar en marcha desde el próximo 1 de enero y que según la legislación estatal, en ciudades de más de 50.000 habitantes, debe implicar restricciones al tráfico rodado para aquellos vehículos más contaminantes.
El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, anunció que no se iban a aplicar restricciones ni sanciones salvo que se superaran los umbrales de contaminación, algo que según dijo, es muy poco probable ya que nunca sucede salvo en algún momento muy puntual.
Sin embargo, un estudio de la Universidad Politècnica, de los profesores José Vicente Oliver i Edgar Lorenzo, del grupo de investigación contra el cambio climático del Instituto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, basado en mediciones hechas con una red de sensores de dosimetría pasiva con más de 600 unidades distribuidas por toda la ciudad, en los datos ofrecidos por las estaciones fijas y en la aplicación de sistemas de teledetección satelitaria del programa Copernicus. En base a estos datos, se concluye que “el 49% de las mediciones hechas superaron los límites fijados y esto implica que, hoy en día, la población de 34 de los 70 barrios monitorizados vive en zonas en que la calidad del aire representa un riesgo serio para la salud”.
El PP llevó a la sesión plenaria una moción para dejar de lado este estudio en la aplicación de la ZBE, de forma que solo tendrá en cuenta a la hora de aplicar restricciones de tráfico los resultados de las mediciones de las seis estaciones de calidad del aire del Ayuntamiento, ubicadas la mayoría en parques o zonas de baja densidad de tráfico.
El profesor Oliver intervino en el pleno para pedir rigor científico en la aplicación de la ZBE: “Señoras y señores concejales, los datos y resultados científicos no tienen ideología. Nuestro grupo de investigación siempre ha estado a disposición de la Administración y de la sociedad valenciana, transfiriendo nuestro conocimiento y rigor científico para apoyar la mejor toma de decisiones. Entre otras conclusiones, los resultados demuestran claramente y con el máximo rigor científico, que no limitar el acceso a vehículos contaminantes en las ZBE es precisamente no implementar una ZBE, siguiendo los límites de establecidos por la Directiva EU 2008/50”.
El catedrático añadió que con el fin de colaborar con el equipo de Movilidad, tras el ofrecimiento que se hizo desde la UPV, el pasado día 8 de noviembre se mantuvo una reunión de colaboración, coordinada por el concejal responsable: “En esta reunión, ofrecimos todos los datos en bruto, la metodología y tecnología, el cumplimiento de la normativa de ensayo y su anclaje en la legislación vigente, la revisión por expertos internacionales de los métodos empleados en la investigación conjunta entre la UPV y el JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea), así como los resultados obtenidos y actualizados desde 2017 hasta hoy”.
El resultado de la reunión, sin embargo, se vio plasmado en el pleno de este martes. Tal y como evidenció Oliver en su intervención, se aprobó una nueva moción que descarta los resultados de las investigaciones de su grupo por considerarlas no actualizadas, tomando solo en consideración los resultados publicados para los años 2017-2019, sin tener en cuenta los resultados proporcionados y explicados en la reunión con el equipo del Ayuntamiento hasta el último año completo disponible.
Según estos datos que no se tendrán en cuenta “un 49% de las ubicaciones muestreadas y evaluadas superan el límite anual de los 40 miligramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) establecido por la Directiva Europea y su transposición al Real Decreto 102/2011, (concretamente en su Anexo I.B.I) para el valor límite anual. Esto corresponde a 34 de los 70 barrios evaluados”. Además, “el 36% de las mediciones hechas en colegios e institutos superan los límites anuales establecidos”. Y el 84% superan “el nivel crítico de 30 miligramos por metro cúbico también establecido en el Real Decreto”.
En cuanto a la resolución espacial de las mediciones, Oliver explicó que “todos los años evaluados cuentan con una medición complementaria en las mismas estaciones oficiales actuales, no observándose diferencias significativas tras los análisis estadísticos”. Sin embargo, “sí que se observan diferencias significativas entre las ubicaciones de las estaciones fijas y el resto de ubicaciones desplegadas por toda la ciudad; lo que demuestra que la diferencia radica en la ubicación muestreada y no en el sistema de medición utilizado”.
De esta forma, el profesor universitario explicó que “en las ubicaciones de las estaciones actuales de la Red de Vigilancia no se superen los valores límite de la calidad del aire, no significa que la ciudadanía que vive y trabaja en el resto de ubicaciones no esté respirando aire con una contaminación por encima de los valores límite establecidos tanto por la normativa vigente a nivel europeo y nacional, como por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.
El PP arroja dudas sobre el estudio
Ante esta contundente intervención, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, se limitó a arrojar dudas sobre el estudio al comentar que hay cosas que no le cuadran: “Los propios investigadores lamentaron la utilización política de sus estudios porque no tienen por objetivo el diseño de una zona de bajas emisiones y por dicho motivo sus parámetros no es la contemplada en la normativa de ZBE”.
El edil añadió que “ese estudio calcula las emisiones contaminantes mediante diversos métodos, pero ha olvidado añadir que las espiras electromagnéticas repartidas por la ciudad utilizó la matriz origen destino del Plan de Movilidad de 2017, es decir, antigua, cuando en el Ayuntamiento tenemos la de 2022”.
Al mismo tiempo, según comentó Carbonell, “la dosimetría pasiva, según dijeron los propios investigadores, es un método complementario porque no tiene la resolución temporal adecuada, a pesar de que como dice el señor Oliver se puede extrapolar porque el margen de error es pequeño. No es el mecanismo que contempla la normativa” y añadió que no conocen “las calibraciones a que están sometidos los instrumentos utilizados en el estudio del señor Oliver”.
Críticas de Compromís y el PSPV
La edil del PSPV María Pérez comentó que el estudio de la UPV “completa las ubicaciones con el conjunto de la ciudad”. “El problema es la ubicación donde se mide. Aquí están los datos para completar las mediciones. La moción --del gobierno-- no debería ir de si hay contaminación o no sino de cómo aplicar la ZBE y conjugar la mejora de la calidad del aire con la realidad del parque móvil de la ciudad”, dijo.
El concejal de Cormpromís, Giuseppe Grezzi, comentó que lamentan que “el PP y Vox pretendan sabotear y dejar sin ningún efecto positivo para las vecinas y vecinos de València una herramienta tan importante como la Zona de Bajas Emisiones, cuyo objetivo, del que no podrán escapar y deberán justificar, es mejorar la calidad del aire en la ciudad”.
Según Grezzi, que el Gobierno municipal sea “negacionista” y que renuncie “a reducir las emisiones de CO2 para paliar los efectos del cambio climático, incumpliendo todos los acuerdos internacionales como el Pacto de Alcaldes Europeos, las Missions para ser climáticamente neutros 2030 y los compromisos de la Capitalidad Verde Europea 2024, es una verdadera tragedia”.