El PSPV lleva a Antifraude la asignación de los sueldos más altos a los cuatro concejales de Vox en València aprobada por el PP

“No escapa a nadie que Vox es el socio preferente del Gobierno”. La alcadesa de València, María José Catalá, se pronunció así el pasado 26 de julio antes del pleno de organización del Ayuntamiento en el que entre otras cuestiones se aprueban los suelos de los concejales en función de si cuentan con dedicación parcial o exclusiva.

En virtud de las negociaciones entabladas entre populares y extrema derecha para sacar adelante el organigrama del equipo de Gobierno y poner en marcha el funcionamiento del Ayuntamiento, Catalá otorgó dedicación exclusiva y, por lo tanto, los sueldos más altos (74.431 euros brutos anuales) a sus 12 concejales de Gobierno y a los cuatro ediles de Vox, quienes carecen de competencias de gestión. El resto de cargos con dedicación exclusiva se los repartieron entre Compromís, con cinco, y el PSPV con cuatro. De los 33 concejales y concejalas del hemiciclo, 25 tienen derecho a contar con dedicación exclusiva, unas asignaciones que dependen directamente de alcaldía, aunque según denunció este lunes el PSPV, el reparto no puede ser arbitrario ni discrecional. Los concejales con dedicación parcial del 75% cuentan con un sueldo de 69.331euros.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, anunció este lunes que interpondrá una denuncia ante la Agencia Valencia Antifraude para que investigue el posible uso fraudulento de los recursos públicos por parte de Catalá al conceder el sueldo máximo a todos los concejales de Vox “con la única motivación de garantizarse un voto afirmativo”. Según Gómez, “la Agencia Antifraude debe analizar si la señora Catalá ha dado dedicaciones exclusivas a los cuatro concejales de Vox sin ningún otro motivo más que el de asegurarse su voto porque eso es comprar voluntades”, dijo junto al concejal Borja Sanjuán.

Gómez subrayó el “carácter arbitrario” de una decisión que ha firmado la propia Catalá a través de un decreto de Alcaldía y del que, por lo tanto, es directamente responsable. La portavoz socialista aseguró: “En el pleno tenemos otra prueba más de que la decisión no se fundamenta ni muchísimo menos en el trabajo que realizan los concejales de Vox”. Y añadió: “Mientras el Partido Socialista ha agotado sus posibilidades de preguntas y de mociones, Vox ha hecho lo mínimo. No digo ya para aprobar sino ni siquiera para sacar un cinco pelado, porque solo ha presentado una moción de las tres que podía y cinco preguntas de las 20 que le correspondían”.

“Los concejales de Vox están sobrepasados porque lo que hacen no llega ni siquiera al trabajo mínimo que deben hacer como grupo de oposición. Y no sólo en las comisiones, donde no completaron ni el 25% de las preguntas y mociones, sino tampoco en el pleno, que es el sitio más importante donde los grupos de oposición, tenemos que llevar a cabo nuestra labor y nuestras iniciativas”, afirmó.

Sanjuán, por su parte, explicó que existe jurisprudencia sobre las retribuciones de las corporaciones locales y destacó que, una vez se pronuncie Antifraude, el Partido Socialista no descarta llevar la denuncia al contencioso administrativo. “La normativa incide en que en València 25 de los 33 concejales pueden optar a la dedicación exclusiva y se sobreentiende que todos los concejales del gobierno, por su mayor responsabilidad, deben disponer del sueldo completo. Pero el resto de dedicaciones exclusivas deben repartirse por igual entre los grupos de la oposición independientemente de que vote a favor o en contra del gobierno”, expuso, por lo que a Vox le correspondería uno de sus tres concejales con dedicación exclusiva.

En concreto, según consta en la denuncia presentada por el PSPV, los tribunales han señalado que la retribución debe ir ligada al ejercicio del cargo, en ningún caso al sentido de las votaciones, ideas o posicionamiento de los diferentes miembros de la corporación. Así, por ejemplo, lo recoge la sentencia del TSJ de Cataluña de 27 de junio de 2013 al exponer: “Es obvio que los miembros electos de las entidades locales no son elegidos para otra cosa que para desempeñar funciones políticas y de gobierno. Y el desempeño de esas funciones -y no de otras- es el que tiene en cuenta el art. 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril para modular, según las circunstancias o la intensidad del ejercicio de esos cometidos políticos, los derechos económicos de diferente signo o naturaleza de los que gozan los electos.”