Nueva investigación vinculada a la polémica ampliación del Puerto de València. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación penal a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que preside el socialista Aurelio Martínez relativa al rescate de la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia, sin actividad desde 2012, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros a favor de Boluda Corporación Marítima. Unos hechos que de forma independiente también investiga el Tribunal de Cuentas, que apreció posible responsabilidad contable.
La investigación del fiscal, avanzada por Las Provincias y confirmada por elDiario.es, trata de esclarecer si existió trato de favor hacia Vicente Boluda, presidente del lobby valenciano AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) y miembro del consejo de administración de la APV, habida cuenta de que debido a la inactividad de los astilleros desde hace años se podía haber explorado la fórmula de la caducidad de la concesión sin contraprestación alguna.
El pasado mes de junio, el consejo de administración de la APV aprobó el inicio de un expediente de lesividad para dejar sin efecto la permuta que el propio Puerto aprobó en 2019, al reconocer que pudo existir un quebranto para los intereses públicos, un extremo que deberá dirimir el Tribunal Superior de Justicia para impugnar definitivamente la permuta.
El presidente de la APV, Aurelio Martínez, aseguró este viernes que les llegó el requirimiento del fiscal solicitando abundante documentación hace tres días y que en estos momentos se está recopilando para enviársela. Martínez se mostró tranquilo al recordar que todos lor procedeminientos se han realizado con el aval de los informes técnicos y aseguró que el inicio del expediente de lesividad es previo a la investigación de la Fiscalía.
El expediente de lesividad, como informó este diario, vino motivado por los informes de la Intervención y de la Abogacía del Estado, que cuestionaban que no se hubiera optado por la caducidad de la concesión de los astilleros, fórmula que no hubiera supuesto coste alguno para el bien público. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se ha abierto al parecer tras la denuncia de un particular.
El fiscal tiene un año para requerir toda la documentación necesaria e incluso para llamar a declarar a quien considere oportuno antes de decidir si traslada el caso al juzgado en caso de existir indicios de delitos penales o si por el contrario archiva la causa.
La operación de rescate de esta concesión viene como consecuencia de las modificaciones introducidas en el anteproyecto de la polémica ampliación norte del Puerto de València.
Entre esos cambios figura el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual en los diques de abrigo a los terrenos de los antiguos astilleros de Unión Naval de Valencia S. A., cuya titularidad indirecta del cien por cien de las acciones es de Boluda Corporación Marítima (BCM) S. L. Para hacerlo posible, se aprobó el rescate de la concesión a cambio de una nueva de 35 años en otros terrenos para construir un edificio de oficinas de 13 alturas.