El Puerto de València asegura que no tiene “ninguna exigencia” ni quiere estar en el Consorcio de la Marina

“Nosotros no estamos en el Consorcio Valencia 2007 y no queremos estar. Por lo tanto no tenemos ninguna exigencia al respecto, echaremos una mano en todo lo que haga falta, incluso para estar si es necesario. Pero solo estaremos si nos los piden y si Puertos del Estado nos lo autoriza”.

Así se pronunció este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, sobre la polémica avanzada por elDiario.es en torno a los problemas de funcionamiento con los que se ha encontrado el Consorcio, órgano creado en su momento para coordinar el funcionamiento de la Marina de València y participado por el Gobierno (40%), por la Generalitat Valenciana (40%) y por el Ayuntamiento (20%), tras comunicar el pasado mes de septiembre el Ministerio de Hacienda que abandonaba el ente al haber condonado la deuda de 380 millones.

El abandono de una de las administraciones abrió un limbo legal, por lo que desde el Ministerio se propuso que ocupara su lugar la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como entidad dependiente de Puertos del Estado, con las mismas atribuciones, es decir, derecho a veto en las votaciones, lo que implica tener la última palabra. Sin embargo, esta opción fue rechazada por el alcalde de València, Joan Ribó, y desde entonces no se ha vuelto a convocar el Consejo Rector en el que se deben abordar todas estas cuestiones, es decir, formalizr la salida de Hacienda y por lo tanto redactar unos nuevos estatutos para refundar el Consorcio.

Martínez explicó que a ellos se les propuso entrar en las mismas condiciones que estaba Hacienda, pero que en ningún momento se han pronunciado al respecto ni han exigido nada e insistió en que no tienen mayor interés y en que cualquier decisión debe ser autorizada por el organismo portuario estatal.

Más allá de lo que que se acuerde finalmente, lo que ya es un hecho es que la concesión a 35 años de los terrenos portuarios a la Marina aprobada en 2013 se ha anulado “de forma unilateral”, según diversas fuentes consultadas, y ahora se procede a su renovación de año en año.

Esta maniobra impide que se puedan acometer inversiones a largo plazo, o que se puedan otorgar nuevos espacios para hostelería o empresas de innovación, incluso optar a fondos europeos debido a la situación de interinidad en la que quedaría el espacio, con la obligación de obtener una renovación de la concesión cada año.

Además, como avanzó también este diario, la APV ha reclamado al Consorcio 1,8 millones de euros en tasas de ocupación por espacios que se deben desarrollar pero que ahora carecen de uso, por lo que el Consorcio ha optado por devolvérselos al Puerto, al no poder hacer frente a esos pagos. Así, cualquier iniciativa en esos terrenos que son de uso urbano los gestionará la propia APV.

En este sentido, Martínez se remitió a lo que dice la legislación en materia de exención de tasas y de desafección de terrenos. Sin embargo, otras fuentes aseguran que entre administraciones estas tasas se pueden eximir si el uso del suelo se considera de interés general, algo que en el caso de la Marina se daría puesto que las iniciativas promueven usos relacionados con la cultura y la innovación.

Las mismas fuentes consideran que se trata de una maniobra de presión de la APV para que desaparezca el Consorcio y hacerse finalmente con el control de toda la Marina de València desde otro organismo como la Fundación Valencia Port, pero siempre bajo el control del ente portuario.

El Consorcio tiene previsto convocar el consejo rector a finales de este mes o principios del que viene para fijar la cuota de liquidación del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de legalizar su salida, y de oficializar también la eventual entrada de la APV para a partir de ahí, modificar los estatutos y crear un nuevo Consorcio.

La ampliación norte se retrasa

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, espera recibir el informe de Puertos del Estado sobre el proyecto constructivo de la futura terminal norte de contenedores a principios de la próxima semana, el 14 o 15 de febrero, para saber si se debe introducir alguna modificación, algo que espera que no sea necesario.

Sin embargo, una vez recibido el documento deberá pasar diferentes trámites, entre ellos un informe de compatibilidad de estrategias marinas del Ministerio de Transición Ecológica, además de ser aprobado por el consejo de ministros, antes de ser aprobado definitvamente. Posterioremente, se deberá licitar y una vez licitado, será cuando se pueda adjudicar la nueva terminal norte a TIL, compañía filial de MSC.