“No le resta legitimidad; en democracia, cuando se vota, se gana por mayoría y punto, aunque creo que es interesante que tengamos puntos de vista distintos, y eso nos obliga a una aproximación, pero lo que no puedes hacer es parar porque no haya unanimidad. En política si se hiciera eso ninguna ley se aprobaría”. El hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el socialista Aurelio Martínez, se pronunció así el pasado 2 de diciembre, día que se aprobó el proyecto constructivo de la ampliación norte, preguntado por elDiario.es si el voto en contra del representante de la vicepresidencia de la Generalitat en manos de Compromís, Iván Castañón, y sobre todo del alcalde, Joan Ribó, no restaba legitimidad al proyecto.
La repuesta es solo una muestra del talante de Martínez y del perverso funcionamiento del consejo de administración de la APV, donde la ciudad que soporta para lo bueno y para lo malo las externalidades de un hub industrial de semejante magnitud tan solo tiene un representante de 15 miembros con derecho a voto. Una democracia más que cuestionable.
No era la primera vez que el Puerto votaba en contra de la ciudad. Tan solo un mes antes, el 10 de noviembre, el consejo de la APV aprobó sin informes ambientales el traslado de la terminal de cruceros de su ubicación actual, en el dique norte, alejada por tanto del casco urbano, a los antiguos astilleros de Boluda, junto a los Poblados Marítimos. Un traslado propiciado por los cambios introducidos en la ampliación norte. Una vez más, tanto Ribó como Castañón votaron en contra.
Pese a la aparente normalidad que Martínez trataba de dar a estos hechos, inmediatamente después empezó a fraguarse una disputa con Ribó por la titularidad de la gestión de los terrenos de la Marina de València que el Puerto cedió a la ciudad en 2013, hasta el punto de que, esgrimiendo un informe de la Abogacía de Estado, anunció el inicio de la recuperación de las dependencias que tuvieran actividad económica, como por ejemplo el edificio Veles e Vents.
El ruido generado en torno a estas cuestiones, acrecentado por sucesivos informes como el de los expertos del Parque Natural de la Albufera, el del Defensor del Pueblo, e incluso un fallo del TSJ de Madrid, todos ellos cuestionando la validez de la declaración de impacto de ambiental de 2007 defendida por Martínez para garantizar el proyecto de ampliación modificado, han colmado la paciencia, no solo de presidencia de la Generalitat, sino también del Gobierno.
Y es que, el ya expresidente del Puerto aseguró que el consejo de ministros daría el visto bueno al proyecto constructivo en enero, un hecho que no ha acabado de producirse. Aunque se valoró esta posibilidad en el último celebrado en el mencionado mes, la oposición de Unidas Podemos y las dudas legales existentes paralizaron su aprobación, y así sigue por el momento. Además de la formación morada, también Compromís se ha mostrado radicalmente en contra de la ampliación.
Con este caldo de cultivo y a dos meses de las elecciones, Martínez, designado como presidente de la APV por el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, se sentó en el banquillo de los acusados junto a Amadeo Salvo en el juicio por la venta de la mayoría accionarial del Valencia CF a Peter Lim. A las puertas del juzgado, varios aficionados les increparon llegando Martínez en un acto totalmente fuera de lugar a pedirle el DNI a una mujer para identificarla.
Una imagen muy poco favorable para el jefe del Consell en periodo electoral que también ha pesado a la hora precipitar su cese, revestido como una salida voluntaria por una cuestión de edad: “No es exactamente una destitución, es un relevo que obedece a que esta semana cumple 76 años y a que me había hecho llegar en diferentes ocasiones su voluntad de dejar el cargo”, dijo Puig evidenciando que el asunto de la ampliación le había superado hace tiempo.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, fue más explícita y justificó el cese de Martínez, en la “necesidad” de mejorar las relaciones entre el Puerto y el Ayuntamiento de València, apuntando así nuevamente al conflicto desatado por la ampliación y por la disputa de los terrenos de la Marina: “Saben perfectamente cuál ha sido la relación. Ha sido algo público y notorio y no es ninguna novedad que había discrepancias importantes, sobre todo por la parte medioambiental”, dijo Mas.
El hasta ahora secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, Joan Calabuig, será el sustituto de Martínez, un hombre de la máxima confianza de Puig, más dialogante y con una perspectiva más municipalista. No en vano, fue concejal del Ayuntamiento durante más de un mandato (aunque Martínez también fue concejal). Con todo, está por ver si además de los gestos, cambiará la errática gestión impulsada hasta ahora en la relación del Puerto con la ciudad. Al menos, queda claro que pasar por encima de ella no es buena idea.