El Puerto de València pide una garantía económica a los empleados de la Marina si recurren la entrada del gestor privado

La privatización de la Marina de València también acabará en los tribunales. El el abogado y exsíndico del PSPV, Manuel Mata, en representación de la docena de los empleados del Consorcio afectados por los despidos del Consorcio València 2007, ha confirmado a elDiario.es que a lo largo de esta semana planteará un recurso contra la adjudicación por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de una concesión a Serveis Maritims Port Eivissa, S.L y Ocibar, S.A para la gestión de los amarres y de casi la mitad del recinto.

El letrado ha recibido respuesta de la APV a las alegaciones planteadas contra esta adjudicación y todas ellas han sido rechazadas, lo que abre al vía del recurso judicial. Todas las alegaciones iban en la línea de las irregularidades cometidas en el proceso administrativo de liquidación del Consorcio en virtud del cual serán despedidos estos empleados, una liquidación que también ha sido denunciada y admitida a trámite en los juzgados, como informó este diario.

La nulidad del cierre del organismo que se inició en el año 2022 implicaría a su vez que todas las decisiones adoptadas desde entonces en su consejo rector, entre ellas la privatización de una parte de la Marina, quedarían sin efecto.

Ante estas observaciones, la APV se desentiende al responder en la mayoría de casos que “no tiene nada que indicar” dado que no van referidas “en ningún caso a aspectos relacionados con el objeto del trámite de información pública”, que no es otro que el otorgamiento de la mencionada concesión administrativa a la iniciativa privada.

Sin embargo, en respuesta a la última alegación, lanza una advertencia: “En el caso de la paralización del procedimiento de concurso para el otorgamiento de la concesión los intereses públicos se verían gravemente afectados, lo que daría lugar, en caso de que pudiera accederse a la solicitud, a la exigencia de una caución por importe equivalente al de los perjuicios que dicha suspensión irrogara a la APV”, es decir, que pedirían una garantía económica o en forma de depósito que fuentes de la APV han asegurado a este diario que no está aún cuantificada.

El Consorcio Valencia 2007, la entidad participada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) y creada en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa del América de vela, está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre él. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación.