El Puerto de València quiere recuperar espacios sin uso de la Marina mediante la imposición de 1,8 millones en tasas
La ofensiva de la Autoridad Portuaria de València (APV) por hacerse con el control de la Marina de València avanza ahora con la exigencia del cobro de tasas por determinados espacios portuarios cedidos en su momento meidante una concesión a 35 años al Consorcio, órgano creado en su momento para coordinar el funcionamiento del recinto y participado por el Gobierno (40%), por la Generalitat Valenciana (40%) y por el Ayuntamiento (20%).
Como informó este miércoles elDiario.es, tras condonar el ejecutivo central la deuda de 380 millones de euros, el Ministerio de Hacienda comunicó en el consejo rector del pasado mes de septiembre que abandonaba el ente y proponía que su lugar fuera ocupado por la APV.
Desde entonces no ha habido acuerdo entre las administraciones y la APV para la redacción de unos nuevos estatutos, puesto que el Puerto pretende tener los mismos derechos que tenía el ministerio hasta ahora, esto es, derecho a veto en las votaciones, lo que implica tener la última palabra. Además, quiere mantener las competencias de todo el espacio, pese a que hay parte de los terrenos como los de los tinglados, el edficio Veles e Vents o los Docks que son municipales.
La APV también ha comunicado su idea de dejar sin efecto la concesión a 35 años de los terrenos portuarios aprobada en 2013, por lo que ahora se irá renovando de año en año, una situación que impide al Consorcio acometer inversiones, adjudicar nuevos negocios e incluso optar a fondos europeos.
Precisamente, este viernes en el consejo de administración de la APV se aprueba la “propuesta de resolución acerca de la solicitud de Consorcio Valencia 2007 de modificación de la autorización administrativa de la que es titular en el Puerto de Valencia por reducción de superficie y minoración de la actividad mínima anual”.
Según diversas fuentes consultadas, esto viene significar que el Consorcio se ha visto obligado a renunciar a la gestión de varias dependencias de la Marina como el Biohub por las que la Autoridad Portuaria viene reclamando desde el pasado año el pago de unas tasas, al considerar que no se justifica una exención por motivos de interés social o cultural.
Al no poder hacer frente a estas tasas, el ente no puede dar salida a los permisos necesarios para que las diferentes inciativas empresariales o culturales puedan ponerse en marcha, por lo que solicite que estos terrenos vuelvan a manos de la APV y sea este el que gestione las diferentes iniciativas. En la práctica se trata de una mordida al espacio de la Marina que hasta ahora dependía del Consorcio.
El órgano tiene previsto convocar el consejo rector a finales de este mes o principios del que viene para fijar la cuota de liquidación del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de legalizar su salida, y de oficializar también la eventual entrada de la APV para a partir de ahí, modificar los estatutos y crear un nuevo Consorcio.
Al respecto, fuentes municipales consultadas por elDiario.es afirmaron que la entrada de la APV no puede ser en las mismas condiciones que estaba el Ministerio de Hacienda, sino que las tres partes deben tener el mismo peso a la hora de adoptar decisiones. Las mismas fuentes han recordado que la mayoría de los espacios de la Marina son de uso urbano y ciudadano, por lo que no tiene sentido que el Puerto tenga mayor capacidad de decisión gracias el pretendido derecho de veto. Con todo, se han mostrado convencidos de que finalmente se alcanzará un acuerdo para aprobar unos nuevos estatutos y crear un nuevo Consorcio.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Política Territorial, la otra para del órgano de gestión, comentaron que “se sigue trabajando para lograr una solución” y añadieron que “no es la Autoridad Portuaria la que está poniendo obstáculos al proceso”, sin ofrecer más detalles al respecto.
Por su parte, desde la APV se remitieron a la rueda de prensa que ofrecerá este viernes su presidente, Aurelio Martínez, al término del consejo de administración.
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