Las reticencias del equipo de Catalá al tanteo y retracto que ha permitido realojar a los afectados por el incendio de Campanar

El Ayuntamiento de València aprobó el pasado 28 de julio en la Junta de Gobierno la compra de un edificio de 131 viviendas de nueva construcción para destinarlo a alquiler asequible. El edificio recién construido se encuentra en el barrio de Safranar y todos los pisos son nuevos. El coste de la compra superó los 20 millones de euros con el objetivo dar respuesta a la demanda de alquileres asequibles.

El procedimiento para la compra de este inmueble lo culminó el nuevo ejecutivo de María José Catalá, pero se inició poco antes de las pasadas elecciones del 28 de mayo, por la Concejalía de Vivienda comandada entonces por Isabel Lozano, de Compromís. En ese momento, Lozano inició el expediente instando a la propiedad a que los técnicos de vivienda fueran a ver el edificio como paso previo para ejercer la adquisición mediante la fórmula del derecho de tanteo y retracto.

Gracias a este mecanismo se ha podido alojar a un centenar de las familias afectadas por el trágico incendio de Campanar durante un plazo de inicial de tres meses prorrogable. Sin embargo, se trata de una fórmula que nunca ha sido vista con buenos ojos por los populares. Tanto es así que lo recurrieron desde el grupo del Senado. Pero en marzo del año pasado el Tribunal Constitucional desestimó el recurso planteado contra el decreto ley del Consell de 2020 para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Entre otras cuestiones, el PP consideraba que vulneraba el derecho de propiedad.

Además, el actual equipo de Gobierno del PP y de Vox que dirige Catalá aprobó el pasado 22 de septiembre una moción por la cual se limita el uso de la figura del derecho de tanto a edificios completos de un mínimo de 10 viviendas “en virtud del principio de eficiencia en la gestión pública”, ya que se considera problemático a nivel de gestión la compra individualizada de viviendas.

Desde el ejecutivo municipal se pretende ampliar el parque público de vivienda mediante la cesión del derecho de superficie a un promotor que se encarga de construir y explotar las viviendas durante un número determinado de años. Una vez trascurrido ese plazo, las viviendas pasan a ser propiedad municipal. El otro mecanismo que se quiere fomentar es el cambio por obra, por el cual se vende el suelo al promotor y este paga al Ayuntamiento con un número determinado de viviendas de la promoción, algo que se contradice con la negativa a comprar viviendas sueltas mediante el derecho de tanteo.

Desde el PSPV aseguran que la derecha apuesta por estas fórmulas, entre otras cosas, porque al haber aplicado una rebaja de impuestos de 70 millones de euros que ha beneficiado especialmente a las rentas más altas el Ayuntamiento no tiene capacidad ni recursos para construir viviendas y recuerdan que el anterior ejecutivo local dejó en obras más 300 viviendas construidas con 50 millones de euros de fondos propios y otros 50 de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).