La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha notificado al Ministerio de Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera chocan con la ampliación del Puerto de València y por tanto debe paralizarse. Dichas medidas cautelares podrían alargarse durante un plazo máximo de tres años.
El pasado 18 de diciembre el Consell acordó iniciar el procedimiento de revisión del PORN y aprobar una serie de medidas orientadas a velar por la preservación de los valores ambientales mientras dure la tramitación del nuevo instrumento de ordenación.
El acuerdo, en su preámbulo, asegura que no puedan realizarse “acciones que modifiquen o deterioren sustancialmente, de forma irreversible, la realidad territorial y medioambiental cuya ordenación y gestión son objeto del plan de tramitación”.
El texto, además, ahonda en esta cuestión en el apartado primero al referirse al cumplimiento de la Ley Valenciana 11/94 de espacios naturales protegidos. El artículo 28 del marco normativo reconoce entre las medidas cautelares de aplicación la “prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido”.
Mireia Mollà ha señalado que las medidas cautelares no se circunscriben solo al Parque Natural sino al conjunto del PORN de la Cuenca Hidrográfica de l’Albufera que, en los términos actualmente en revisión, comprende una extensión de 91.700 hectáreas repartida a lo largo de 57 municipios.
En este sentido el documento actual, que data de 1995, ya instaba a abordar de manera global y definitiva la regresión de la fachada litoral “como consecuencia de la ampliación del puerto de Valencia” señalando que la “regeneración de las playas no se realizará, en ningún caso, con arena procedente de los fondos marítimos cercanos”.
No es la primera vez que la revisión de un PORN paraliza una infraestructura. Ya sucedió recientemente con la variante sur de Pedralba mientras se tramitaba la ampliación del Parque Natural del Turia.
Suspensión cautelar
En la carta, además, solicita la suspensión cautelar del proyecto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y fundamentado en la ausencia de una evaluación pormenorizada sobre las repercusiones del proyecto de ampliación del Puerto de València sobre la Red Natura 2000, tal y como avanzó elDiario.es.
Al respecto recuerda que la DIA dictada en 2007 reconoce la posibilidad de que el espacio de la Red Natura 2000 de l’Albufera se vea afectado por la actuación y señala la responsabilidad de las instalaciones y las sucesivas ampliaciones sobre la alteración de la dinámica litoral y los progresos regresivos “intensos y visibles” en las playas al sur de la desembocadura del Túria.
Mollà expresa “dudas razonables” sobre la adecuada evaluación de repercusiones de la DIA de 2007, en los términos exigidos por los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva Europea relativa a la conservación de hábitats naturales.
La petición, por tanto, se extiende también a la demanda de una nueva revisión en profundidad de la evaluación de impacto ambiental, analizando de forma detallada los efectos previsibles sobre hábitats y especies concretas e incorporando los nuevos conocimientos técnicos del medio recogidos en los últimos 13 años.
El espacio Natura 2000 del Parque Naural no solo afecta al lago, sino también a las playas. Este espacio comprende la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de l’Albufera, con 8.414,87 hectáreas de zona marina (un 28,94% de las 29.285,57 hectáreas de superficie de la ZEPA), y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de l’Albufera, cuya superficie marina es de 6.727,34 hectáreas (un 24,43% de las 27.538 hectáreas de superficie del LIC), y que queda incluida por completo en el área delimitada por la ZEPA.
La normativa sobre la Red Natura 2000 indica que los Estados deberán emitir para las ZEPA y las Zonas Especiales de Conservación, adecuadas “medidas de conservación” que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats y especies presentes en el lugar que han motivado la inclusión del espacio en la Red Natura 2000 y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica es la responsable de aplicar las mencionadas medidas de conservación.
El departamento que dirige Mireia Mollá ha mandado un comunicado de forma directa informando de esta situación ya que el gabinete de Presidencia no ha considerado incluirlo entre las notas oficiales que difunde.