La Conselleria de Sanidad ha finalizado la primera fase de su expediente de investigación para determinar si ha habido casos de vacunaciones irregulares, es decir, personas que se hayan saltado el orden establecido por el Ministerio de Sanidad para administrarse la vacuna antes de lo que les toca.
Como informó elDiario.es, la secretaria autonómica, Isaura Navarro, solicitó a principios de esta semana a todos los departamentos de salud información detallada de cuántas personas que no pertenecen a grupos de riesgo incluidos en la fase 1 habían sido vacunadas, así como los motivos de estas situaciones.
Fuentes del departamento que dirige la consellera Ana Barceló han informado a este diario que se han detectado 150 casos del total de 103.826 dosis administradas hasta la fecha.
Según han explicado, los técnicos están analizando ahora caso por caso las causas de estas vacunaciones: “No significa que los 150 casos sean irregulares, son personas que no estaban en las listas iniciales, pero que pueden ser igualmente sanitarios o personas de riesgo, o del grupo dos, a los que se les han puesto vacunas sobrantes si alguien incluido en los listados se ha negado a ponérsela”.
Así pues, “en estos momentos se está haciendo esa labor de filtrado y una vez sepamos con certeza cuántos de estos 150 se han puesto las vacunas sin estar autorizados, se hará publico, lo mismo que se detecta que entre ellos hay algún político”.
Hasta ahora ya son seis los responsables públicos que se ha confirmado que se han 'colado', en concreto, los alcaldes socialistas de Rafelbunyol, Fran López, El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, además del alcalde del PP de La Nucía, Bernabé Cano, el edil popular de Orihuela, José Galiano, y Juan Baustista Roselló, diputado provincial de Alicante también del PP encargado del centro de salud mental de la corporación.
En el caso de Cano y de Galiano, además, se da la circunstancia de que accedieron sin permiso e infringiendo la normativa a las residencias de sus municipios en las que se administraba la vacuna, motivo por el cual ha abierto una investigación la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que supondrá una sanción para los centros de hasta 30.000 euros.
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, recalcó este jueves que “ninguna persona que haya recibido la vacuna de una forma improcedente debe recibir la segunda dosis”, ante los casos de alcaldes y concejales que se han vacunado en las últimas semanas sin formar parte de los grupos prioritarios, entre ellos varios socialistas.