“Recomendar al Ayuntamiento de València que facilite a las personas usuarias de sus servicios sociales ayudas que les permita recuperar la situación anterior a los hechos reclamados”. El Síndic de Greuges resuelve de esta forma la queja presentada por la asociación València Acull en relación a lo sucedido en los días previos a las pasadas Fallas, cuando supuestamente policías locales tiraron a la basura los enseres personales de personas sin hogar.
En concreto, según la entidad, la Policía Local de València depositó en contenedores lo que consideró “cartones y bolsas de basura” que había en la zona ajardinada situada junto al número 21 de la calle Filipinas. Sin embargo, los agentes no sólo retiraron esos residuos sino que también arrojaron a la basura los enseres personales de las personas sin hogar que dormían en esos jardines, según denunciaron las propias víctimas y otras vecinas del barrio. El pasado 14 de julio, el Síndic de Greuges emitió una resolución en la que insta al Ayuntamiento a compensar a estas personas por la actuación policial. La Oficina de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento ha abierto un expediente para estudiar la reclamación presentada por las personas afectadas.
Según han informado fuentes de València Acull, a mediados de marzo se informó al entonces concejal delegado de Policía Local, Aaron Cano, de la denuncia trasladada por tres personas (una colombiana, un español y un ecuatoriano) que viven en esos jardines: “Aseguraban que los días 1 y 2 de marzo los agentes que estaban haciendo labores de control del tráfico cogieron todos los enseres de las personas que pernoctan en la zona y los tiraron a la basura. Decían que no solo se deshicieron de los cartones que empleaban para poner sobre los bancos o para tratar de abrigarse sino que también les quitaron sus cosas personales (esencialmente ropa) y las mantas con que se tapaban del frío de la noche. Estas personas reclamaban que se adoptaran medidas para que no se repitieran hechos semejantes y que se les devolviera sus pertenencias o, en caso de que hubieran sido destruidas, se les compensara por el valor que tenían”.
Un mes después, según la entidad, la concejalía remitió un informe de la Policía Local sobre este operativo, en el que se indica que antes de tirar los residuos se avisó a las personas que estaban en el lugar para que se llevaran sus enseres personales y que los recogieron durante más de dos horas. Por el contrario, en su respuesta al informe policial, las personas afectadas afirman que la policía no esperó a que retiraran sus cosas sino que lo tiró todo a los contenedores, incluidas las bolsas de basura que les daba la barrendera donde guardaban sus pertenencias.
“Estas personas sin hogar consideran que los agentes debieron darse cuenta de que esas bolsas no contenían basura sino ropa bien ordenada porque estaban limpias, cerradas y colocadas junto al banco. Además, no entienden por qué la policía actuó de esta manera cuando no provocaban ningún problema en la vecindad ni tenían nada que ensuciara o diera mala imagen (colchones, basura, trastos y muebles viejos…) a la zona. Por eso, reiteran su petición de que les devuelvan lo que se llevaron o les compensen por su pérdida”, explican.
Ante la falta de una respuesta a su demanda por parte del Ayuntamiento, se interpuso una queja al Síndic de Greuges que fue admitida a trámite el 29 de mayo. Tras la investigación de los hechos, el Síndic considera que la actuación del Ayuntamiento de València “no ha resultado suficientemente respetuosa” con el derecho de las personas afectadas a recibir “atención de urgencia social”, tal como establece la ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. Por tanto, recomienda al ayuntamiento que les facilite ayudas “que les permita recuperar la situación anterior a los hechos reclamados”.
Además, el Síndic reprocha que la reclamación presentada contra la Policía Local no se remitiera también a la Oficina de Responsabilidad Patrimonial. Este departamento solo incoó de oficio el expediente tras llegarle la reclamación a través de la Oficina de Suggeriments i Reclamacions del Ayuntamiento, no porque la Concejalía de Policía Local le diera traslado. El Ayuntamiento tiene ahora un plazo de un mes desde que recibió la resolución del Síndic para responder y justificar las medidas que adoptará.