La solución urbanística definitiva para el plan urbanístico de Tabacalera vuelve a la casilla de salida. Como informó elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha visto obligado a suspender el fallo emitido la semana pasada sobre el traslado de la edificabilidad de Tabacalera a unas parcelas municipales del barrio de Penya-roja al no haber notificado diferentes resoluciones durante el proceso a la Conselleria de Territorio como parte afectada. Según la resolución, ahora anulada, no cabe esa opción que implica la recalificación de unas parcelas que tienen uso educativo y de zonas verdes.
Más allá de la solución final que pasa por buscar otra racalificación o por abonar una indeminización de 25 millones a la promotora Guadalmina, el Ayuntamiento está obligado a reconstruir las naves que en su día se derribaron de forma ilegal, en cumplimiento de la sentencia de 2016 que tumbó el pelotazo urbanístico aprobado por el PP en 2005 por el vicealcalde, Alfonso Grau, con el beneplácito de la entonces alcaldesa Rita Barberá.
El 26 de noviembre de 2007 arrancaron los derribos de las naves laterales y traseras del conjunto histórico modernista de Tabacalera que data del año 1909. Ahora, 15 años después, el Ayuntamiento de València iniciará los trámites para reponer parcialmente parte del expolio.
Según informan a elDiario.es fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige la también vicealcaldesa Sandra Gómez, los presupuestos municipales para el presente ejercicio contemplan una partida de 110.000 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la reconstrucción de las naves laterales con fachada a las calles Naturalista Rafael Cisternes y Naturalista Arévalo Baca.
Los nuevos inmuebles serán réplicas de los originales, puesto que el material que se sacó de los derribos, tales como ladrillos o tejas, se reutilizó en parte para la rehabilitación del resto de inmuebles y al no estar prevista la reconstrucción, no se guardó nada.
En cuanto a la parcela que queda sin edificar recayente a la calle Micer Mascó, como consecuencia del derribo de las naves traseras, se habilitará una zona verde.
Antecentes del pelotazo
En enero de 2016, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), refrendada después por el Supremo, anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el planeamiento y la permuta que dio lugar a la operación urbanística aprobada en la época del PP de Barberá.
El mencionado fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias del colectivo Salvem Tabacalera, resolvió que la permuta fue una operación “especulativa” y que constituyó expolio del patrimonio histórico, en concreto, de uno de los edificios de la Exposición Regional de 1909.
La operación Tabacalera se gestó en plena orgía inmobiliaria. En 2002, Guadalmedina compró a Altadis por siete millones de euros el 49% del edificio que la empresa utilizaba para producir cigarrillos.
Ese mismo año, la empresa solicitó una permuta al Ayuntamiento de Valencia: el cambio de la fábrica por un solar municipal más centrico -en la Plaza América- y la construcción de dos edificios a espaldas de la edificación histórica.
La alcaldesa, Rita Barberá, aceptó. En 2005, tras las modificación del plan general de ordenación urbana y los permisos de la Generalitat, anulados después por el TSJCV, el Ayuntamiento y Guadalmedina firmaron un convenio.
La ciudad ganaba un edificio histórico que ahora ocupan 1.800 funcionarios y, según el PSOE, la constructora pegaba un pelotazo de 75 millones -las estimaciones han ido cambiando- gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad. Las ganancias de la empresa implicaban que la ciudad había enajenado su patrimonio a un precio inferior al de mercado, en aquella época en ebullición.
El tesón del movimiento cívico, Salvem Tabacalera, tuvo así sus frutos. Este movimiento cívico denunció que la operación era ilegal porque destrozaba parcialmente un complejo protegido, declarado Bien de Relevancia Local y que fue indebidamente desprotegido en 2007 por el Consistorio.