Los posibles retrasos en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en València podrían salirle muy caros al Ayuntamiento. Al menos así se desprende de la polémica desatada a tenor del reciente anuncio del alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, quien aseguró que aprobará una moratoria de tres años en la aplicación de las restricciones de vehículos contaminantes, lo que supone saltarse de forma unilateral la obligación establecida en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica a las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, que marca el 1 de enero de 2024 como fecha límite para su entrada en vigor.
Al respecto, la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, afirmó este martes en TV3 que, de incumplirse la restricción de los vehículos más contaminantes a la que están obligados todos los municipios de más de 50.000 habitantes, se plantean recurrir a la justicia y suprimir subvenciones otorgadas para poner en marcha estos controles por los cuales se sanciona a los vehículos que no cumplen los requisitos establecidos en materia de emisiones para acceder a determinadas zonas.
“Podemos recurrir ante los tribunales contenciosos y reclamar a Badalona los dos millones de euros de los fondos europeos”, dijo Ribera en una advertencia que se considera como un último recurso si el Ayuntamiento de la cuarta ciudad catalana no da marcha atrás.
En el caso de València, aunque la posibilidad de la moratoria no está de momento encima de la mesa del Ayuntamiento que dirige la alcaldesa del PP María José Catalá, lo cierto es que como informó este diario la implantación del sistema va con retraso.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València adjudicó el pasado mes de noviembre el contrato para el suministro del sistema de gestión y control para implantar una zona de bajas emisiones por un importe de 10.863.541,84 euros, inversión que cuenta con fondos europeos que se podría perder si no se ejecuta a tiempo.
El sistema que pretende restringir el acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas zonas de la ciudad consta de 274 cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en 93 puntos, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, contempla una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto.
El caso es que desde entonces, las cámaras no han empezado a instalarse tal y como reconoció este lunes el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, quien no desveló una fecha concreta para el inicio de su instalación.
Además de la instalación de las cámaras, está pendiente la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de estas cámaras, un texto que deberá pasar un periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones. Con todo, Carbonell garantizó que harán lo posible por poner el sistema en marcha antes de final de año.
El pasado 7 de septiembre, el Gobierno anunció la publicación próximamente de un mapa con los municipios obligados a establecer Zonas de Bajas Emisiones con información sobre su estado de implementación.